El diputado local Jesús Elizondo Salazar presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León para establecer como obligación la provisión de intérpretes certificados de Lengua de Señas Mexicana y de lenguas indígenas durante todo el proceso legal, desde el primer contacto hasta su conclusión.
La propuesta busca garantizar el acceso efectivo a la justicia para personas con discapacidad auditiva y para quienes hablan alguna lengua originaria.
De acuerdo con datos del Inegi y la Secretaría de Salud federal, en México más de 7.3 millones de personas hablan alguna lengua indígena y más de 2.3 millones presentan discapacidad auditiva, lo que, señaló el legislador, evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de inclusión dentro del sistema judicial.
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Señala barreras en el acceso a la justicia
El diputado argumentó que muchas personas no cuentan con los recursos para pagar un abogado o una asesoría legal, lo que en la práctica limita su derecho a una defensa adecuada.
“Es innegable. Me toca verlo como diputado: hay muchísimas personas que no pueden pagar un abogado o una asesoría legal y, en la práctica, terminan quedándose fuera de una defensa digna y, en algunos casos, de la posibilidad de que se les haga justicia. Durante muchos años, la justicia se privatizó y se convirtió en un privilegio al que solo unos cuantos podían acceder”, expresó.
Añadió que, además de la reforma judicial, es necesario fortalecer la defensoría pública como primera línea de atención para quienes más lo necesitan.
El legislador sostuvo que la legislación estatal actual no establece de forma obligatoria la prestación de estos servicios de interpretación, lo que podría generar condiciones de desigualdad.
Con la reforma, dijo, se pretende fortalecer el debido proceso, garantizar la igualdad sustantiva y avanzar hacia un sistema de justicia más incluyente en Nuevo León.