Con el objetivo de fortalecer la transparencia ambiental, garantizar el uso adecuado de recursos públicos y mejorar el seguimiento de las acciones de reforestación, representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa para establecer un registro público y un censo anual del arbolado que se planta en Nuevo León.
La propuesta fue impulsada por la diputada local Claudia Chapa y el senador Waldo Fernández, quienes plantearon reformas a la Ley Ambiental del Estado y a la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano, a fin de que las autoridades cuenten con un inventario detallado de cada árbol sembrado en la entidad.
La legisladora señaló que actualmente es común que se anuncien campañas de reforestación con cifras elevadas, pero sin mecanismos claros que permitan verificar la ubicación, cantidad o supervivencia de los árboles plantados, lo que genera dudas sobre la efectividad real de estas acciones.
Te podría interesar
Buscan pasar de cifras a resultados verificables
Claudia Chapa subrayó que la iniciativa no pretende únicamente aumentar el número de árboles plantados, sino asegurar que las acciones se realicen con planeación, seguimiento técnico y criterios ambientales adecuados.
“El objetivo es que la Secretaría de Medio Ambiente realice un inventario del arbolado urbano, que permita contar, clasificar, cuantificar y transparentar cuántos árboles realmente existen y en qué condiciones se encuentran”, explicó la diputada.
Te podría interesar
La propuesta establece que cada ejemplar plantado deberá quedar debidamente registrado, y que dicha información sea accesible al público, permitiendo conocer dónde se ubica cada árbol y bajo qué condiciones fue sembrado.
El senador Waldo Fernández destacó que esta reforma busca dejar atrás prácticas discrecionales y establecer una obligación legal permanente para que las autoridades informen con precisión sobre el estado del arbolado.
“Ya no quedará al criterio de la autoridad o a un simple exhorto. Habrá una obligación legal de decir dónde están los árboles, cómo están y en qué condiciones se encuentran, tanto a nivel estatal como municipal”, afirmó.
La iniciativa también contempla la participación de los municipios, con el fin de contar con un control integral del arbolado urbano y evitar irregularidades en contratos de reforestación, donde proveedores aseguran haber plantado árboles sin que exista un sistema de monitoreo que respalde esas afirmaciones.
Como parte de la reforma, se establece que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado será responsable de elaborar y actualizar el inventario del arbolado urbano, el cual deberá publicarse en el portal oficial del Gobierno estatal para consulta ciudadana.
Chapa hizo referencia a recientes trabajos de plantación en espacios públicos como la Macroplaza, donde —dijo— no se ha informado con claridad la cantidad exacta de árboles colocados, lo que refuerza la necesidad de contar con un sistema público y verificable.