El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, denunció una discriminación presupuestal en el reparto de las participaciones federales que el Gobierno del Estado distribuye entre los municipios, al advertir que la mayoría enfrenta una asignación injusta que impacta directamente en la calidad de vida de la población.
El legislador explicó que el debate sobre el incremento de las participaciones del 20 al 25 por ciento no es únicamente técnico o financiero, sino una decisión política que define la capacidad de los municipios para ofrecer servicios básicos en colonias con rápido crecimiento poblacional.
“No es un debate de números, es un debate sobre tu colonia, tu calle y los servicios que recibes. El problema no es si hay más dinero, sino a qué municipios les llega”, señaló.
Fernández acusó que actualmente cinco municipios concentran cerca del 60 por ciento del fondo de participaciones federales: Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe, Apodaca y San Nicolás, todos gobernados por el MCPRIAN, lo que deja en desventaja a otras localidades.
Municipios en crecimiento, los más afectados
El senador advirtió que esta concentración de recursos tiene efectos visibles en municipios con alto crecimiento poblacional, como García, Pesquería y Zuazua, donde la llegada de miles de nuevas familias no ha sido acompañada por un aumento proporcional del presupuesto.
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“¿En qué se nota? En calles sin mantenimiento, en drenajes rebasados, en falta de transporte, en parques abandonados y en servicios públicos que no alcanzan”, subrayó.
Asimismo, criticó la postura del Gobierno del Estado, que ha planteado que el aumento en las participaciones federales sea gradual, al considerar que esta medida perpetúa la desigualdad existente.
“Eso, en la práctica, significa que nada cambia hoy. Y mientras se gana tiempo, el MCPRIAN sigue concentrando los recursos donde ya están resueltas muchas cosas”, sostuvo.
Fernández fue enfático al señalar que esta situación no es un error técnico, sino una decisión política que impacta directamente en la vida cotidiana de las personas.
Finalmente, exigió que si el porcentaje de participaciones se incrementa al 25 por ciento, el criterio de distribución se modifique de inmediato para considerar la población real y el crecimiento de los municipios.