El empresario Arturo Bernabé Cortez Garza hizo pública una solicitud de intervención dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez; en la que denuncia una presunta intromisión del sistema de justicia en Nuevo León, señalando la supuesta intervención del alcalde de Monterrey, Adrián Emilio de la Garza Santos, de su hermano Filiberto de la Garza Santos, y del propio fiscal estatal Javier Flores Saldívar, a quienes acusa de confabular en su contra.
En el escrito dirigido a la opinión pública, el promovente expone que en octubre de 2021 heredó el 50 por ciento del capital social de la empresa Garage y Talleres, S. de R.L. de C.V., así como la administración del patrimonio de la compañía, la cual asegura haber ejercido de manera pública y pacífica desde antes de esa fecha.
Sin embargo, afirma que posteriormente se integró en su contra una carpeta de investigación por un presunto delito de despojo de inmueble, la cual califica como improcedente y amañada, situación que derivó en el aseguramiento de la empresa y en su vinculación a proceso dentro de la carpeta judicial 4098/2023.
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Acusan confabulación y violaciones al debido proceso
De acuerdo con Cortez Garza, las resoluciones emitidas por jueces de control y por autoridades judiciales federales se realizaron sin respetar su derecho de audiencia, defensa y contradicción, además de que se le atribuyó un supuesto fraude que —según su dicho— no fue denunciado ni formó parte de la investigación original.
El denunciante sostiene que existe un intento de despojo de su participación accionaria en la empresa familiar, señalando a un particular como beneficiario y acusando un presunto contubernio entre autoridades judiciales estatales , el alcalde de Monterrey Adrián de la Garza, su hermano Filiberto de la Garza Santos, y el fiscal general Javier Flores Saldívar, a quien también acusa de confabular en los procesos en su contra.
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Asimismo, el escrito refiere que las presuntas irregularidades fueron planteadas ante juzgados federales mediante diversos juicios de amparo, los cuales —afirma— han sido resueltos de manera infundada y contraria a derecho, favoreciendo a la contraparte.
Como consecuencia de estos procesos, indica que desde el 4 de enero de 2024 la administración de la empresa quedó en manos de un interventor, sin que —según su dicho— se haya exigido rendición de cuentas pese a múltiples solicitudes.
Finalmente, Cortez Garza solicitó que se inicien las investigaciones correspondientes para sancionar a las autoridades que, asegura, han actuado sin imparcialidad ni objetividad, y que se restablezca el Estado de Derecho.