NUEVO LEÓN

DIF Nuevo León logra sentencia histórica por maltrato y abandono de una adulta mayor

Una adulta mayor fue rescatada en condiciones críticas de salud tras ser víctima de abandono por parte de un familiar; esto sabemos del caso.

Créditos: Gobierno de Nuevo León
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Un caso de abandono y violencia contra una adulta mayor en Nuevo León derivó en una sentencia condenatoria inédita, luego de que el Sistema DIF estatal lograra acreditar negligencia y maltrato ejercidos por un familiar responsable de su cuidado.

El hecho fue atendido por la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del DIF Nuevo León, tras recibir un reporte que alertaba sobre una persona mayor en condiciones críticas de salud y abandono. La víctima se encontraba bajo el cuidado de su hermana, identificada como Sandra “N”.

Al ser localizada, la adulta mayor presentaba condiciones deplorables de higiene, así como desnutrición severa y deshidratación, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario. Posteriormente, quedó bajo resguardo de la Procuraduría en el albergue temporal Rogelio Ayala Contel, donde recibió atención integral.

Tras el seguimiento del caso y una investigación jurídica exhaustiva, las autoridades lograron contactar a otros familiares y, priorizando el bienestar de la víctima, se determinó su ingreso a una institución asistencial especializada.

Como resultado de la denuncia y del proceso legal, el área jurídica de la Procuraduría obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de abandono de personas, imponiendo a la responsable cuatro años de prisión, una multa económica y la reparación del daño, que incluye los gastos médicos generados durante la atención hospitalaria.

De acuerdo con el DIF Nuevo León, este fallo representa la primera sentencia de este tipo en más de 20 años de funcionamiento de la Procuraduría del Adulto Mayor, lo que marca un precedente en la protección de los derechos de las personas mayores en situación de vulnerabilidad en el estado.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato, violencia o abandono, subrayando que la protección de las personas adultas mayores es una responsabilidad compartida.