Ante la preocupación por casos de presuntos abusos cometidos por corporaciones de seguridad, la diputada Greta Barra impulsó una reforma al Código Penal del Estado para aumentar las penas contra elementos policiacos que incurran en actos de violencia y abuso de autoridad, con el objetivo de combatir la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana.
La legisladora explicó que actualmente las sanciones son insuficientes, por lo que la propuesta contempla elevar las penas de uno a seis años de prisión, lo que permitiría que estos delitos sean castigados con cárcel efectiva. Destacó que no puede equipararse el abuso de autoridad cometido por un ciudadano con el ejercido por un elemento armado y con facultades legales, dada la responsabilidad que implica su función.
Asimismo, acompañada del regidor Gibrán Ornelas, señaló que la reforma también busca modificar la Ley de Seguridad para incorporar y reforzar protocolos de actuación, especialmente en materia de protección ciudadana y respeto a los derechos humanos. Indicó que se han recibido quejas de vecinos por operativos realizados con unidades no rotuladas, una práctica que ya está regulada por la ley, pero que requiere mayor énfasis y supervisión.
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Greta Barra subrayó la importancia de capacitar de manera obligatoria a los cuerpos policiacos en derechos humanos, particularmente en los municipios del área metropolitana, al considerar que quien incurre en este tipo de conductas requiere no solo sanciones, sino también una formación adecuada que prevenga la repetición de abusos.
La diputada reconoció que resulta complejo contar con estadísticas precisas sobre estos casos, debido al miedo de las víctimas a denunciar, por lo que hizo un llamado a visibilizar el problema y generar condiciones para que la ciudadanía pueda hablar sin temor a represalias.
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La reforma pretende tener aplicación en todo el estado de Nuevo León, y recordó que ya existen antecedentes de investigaciones internas en municipios como García y Monterrey. Añadió que es fundamental que alcaldes y el gobernador asuman su responsabilidad pública, dando la cara y garantizando que no se tolerarán prácticas que vulneren la integridad de las personas.