Hacerse pasar por un policía no solo representa un delito, también puede derivar en sanciones severas, como es el caso de un joven de 18 años que fue detenido en Guadalupe por presuntamente hacerse pasar por elemento de la policía estatal y municipal.
La detención se registró este fin de semana en la colonia Niños Héroes, donde oficiales de la Policía de Guadalupe observaron a un hombre y una mujer que mostraron una actitud evasiva ante su presencia.
Al ser abordado, el joven presuntamente mencionó pertenecer a la Agencia Estatal de Investigaciones, pero luego cambió su versión y dijo ser integrante de la Unidad de Investigación de Guadalupe. Sin embargo, no pudo presentar un documento que acreditara el supuesto cargo, por lo que fue detenido.
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El sospechoso portaba un uniforme táctico con insignias, una réplica de arma corta, una placa falsa y equipo de radiofrecuencia. Mientras que su acompañante, una mujer de 37 años, llevaba entre sus pertenencias varias dosis de cristal.
El hombre y la mujer, que hasta ahora no han sido identificados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y usurpación de funciones.
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¿Qué dice la ley en Nuevo León?
El Código Penal del Estado de Nuevo León establece distintas sanciones para quienes se hagan pasar por servidores públicos o utilicen indebidamente insignias oficiales:
- Usurpación de funciones públicas: de un mes a tres años de prisión y una multa de uno a 10 cuotas.
- Uso indebido de uniforme, insignia, distintivo o condecoración: de seis meses a seis años de prisión y una multa de 20 a 50 cuotas.
- Falsificación de elementos oficiales de cualquier institución de seguridad pública o procuración de justicia: de cinco a 12 años de prisión y multa de 100 a 500 cuotas.
- Distribución, producción, posesión o almacenamiento de elementos oficiales de cualquier institución de seguridad pública o procuración de justicia: de uno a cinco años de prisión y hasta 500 cuotas de multa.
Las penas pueden aumentar si el responsable es servidor o ex servidor público de la policía o cualquier institución de seguridad pública o procuración de justicia. En todos los casos, el uso indebido de símbolos institucionales constituye un delito grave que atenta contra la confianza pública y la seguridad de la ciudadanía.