La facultad de designar a los titulares de las fiscalías estatales podría regresar al Poder Ejecutivo, si se aprueba una reforma que será discutida en el Senado de la República a partir de septiembre.
Así lo señaló el senador Waldo Fernández González, quien adelantó que la reforma buscará corregir lo que calificó como una "falla del modelo autónomo", el cual, en su opinión, no ha garantizado justicia ni independencia en el ejercicio de las fiscalías estatales.
"En Nuevo León no funcionó la autonomía. Hubo parálisis y uso político de las fiscalías. Fue un perjuicio para los ciudadanos", expresó el legislador.
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La reforma, en caso de aprobarse, implicaría que los fiscales actuales, el General de Justicia, el Anticorrupción y el Especializado en Delitos Electorales, concluyan su encargo, y que los nuevos sean designados directamente por el gobernador en turno.
Por su parte, la diputada local Sandra Pámanes Ortiz coincidió en que el modelo actual no funcionó, aunque pidió que, en caso de regresar la facultad al Ejecutivo, se garantice una consulta abierta con participación ciudadana.
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“La elección del Fiscal debe considerar propuestas y evaluaciones de la sociedad civil”, comentó.
En contraste, el coordinador del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente Flores, calificó la propuesta como un retroceso democrático y advirtió que eliminar la autonomía de las fiscalías rompería los contrapesos entre poderes.
“Volver a depender del Ejecutivo sería un súper retroceso. Hay que mantener los contrapesos”, afirmó.
Finalmente, el consejero jurídico del Estado, Ulises Carlín de la Fuente, planteó que en cualquier reforma debe considerarse la opinión ciudadana sobre el desempeño de las fiscalías, al ser los principales afectados por su funcionamiento.