La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) inició una queja de oficio el pasado 14 de marzo para determinar si se vulneraron los derechos humanos de un estudiante del Tec Milenio, Campus Las Torres, en Monterrey.
Como parte de la investigación, el organismo solicitó un informe documentado a la institución educativa y emitió medidas cautelares con el fin de proteger la integridad del estudiante afectado.
Estas medidas incluyen la prohibición de cualquier forma de maltrato, represalias o exclusión, así como garantizar un ambiente seguro y respetuoso para toda la comunidad estudiantil.
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¿Por qué presentaron este oficio contra el TecMilenio?
Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, destacó que la queja de oficio se fundamenta en la responsabilidad de las instituciones educativas, incluidas las privadas, de proteger a los estudiantes de cualquier tipo de agresión física, psicológica o de otra índole.
La funcionaria subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que las escuelas privadas, al prestar un servicio público, tienen un deber especial de cuidado y protección hacia sus alumnos.
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Además, enfatizó que la Tercera Visitaduría General de la CEDHNL ya está integrando el expediente CEDH-2025/509/03 para investigar el caso a profundidad.
Para abordar la situación, la CEDHNL envió oficios a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Dirección General de Enseñanza e Investigación, A.C. del Tec Milenio, con el objetivo de coordinar acciones para la protección del estudiante y la comunidad educativa en general.
¿En que que ley se basan los derechos humanos para levantar el oficio?
La Ley General de Educación establece que la educación impartida por instituciones privadas con reconocimiento oficial es un servicio público regulado por el Estado.
En este sentido, la SCJN ha determinado que las violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, como escuelas privadas, pueden ser objeto de control constitucional.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reiterado que los gobiernos son responsables si no previenen o investigan violaciones cometidas por actores no estatales, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Por ello, la CEDHNL se mantendrá atenta a la evolución del caso y exigirá medidas concretas para proteger los derechos del estudiante afectado y de la comunidad educativa.