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Diputada presenta iniciativas para sancionar el encubrimiento de violencia y abuso escolar

Las reformas proponen sanciones más estrictas para quienes encubran casos de abuso y acoso escolar.

La diputada Melisa Peña Villagómez presentó sus propuestas para fortalecer la protección de los estudiantes en Nuevo León.
La diputada Melisa Peña Villagómez presentó sus propuestas para fortalecer la protección de los estudiantes en Nuevo León.Créditos: Congreso NL
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La diputada de Movilidad Ciudadano, Melisa Peña Villagómez, presentó dos iniciativas para fortalecer la protección de los estudiantes en las instituciones educativas, erradicar la violencia y el abuso en estos espacios.

Una reforma es a la Ley de Educación de Nuevo León para establecer medidas más efectivas en la prevención, atención y sanción de la violencia escolar, incluyendo acoso y abuso, en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.

Peña Villagómez destacó que han recibido reportes de maestros que encubren casos de bullying escolar. Por ello, se propone una modificación al Código Penal para establecer que cualquier director, profesor o personal de una institución educativa que encubra un situación de acoso escolar o violación, enfrente una pena mínima de tres años de prisión.

La reforma también incluye sanciones claras para las autoridades educativas que omitan reportar casos de violencia o abuso.

Por otro lado, la legisladora presentó una iniciativa al Código Penal del Estado, con el fin de sancionar de manera más severa los delitos de abuso sexual y violación contra menores dentro de las instituciones educativas.

Actualmente, este delito no está contemplado en la ley ni en el Código Penal Estatal, por lo que la diputa enfatizó que es fundamental visibilizarlo y establecer una sanción mínima, proponiendo una pena de 10 a 18 años de cárcel cuando el delito de agresión sexual ocurra dentro de un plantel educativo.

La propuesta establece penas de entre 10 a 18 años de prisión para los agresores, así como sanciones de tres a siete años de prisión y multas de hasta 600 UMAS para los directores, docentes o autoridades educativas que no denuncien estos delitos en un plazo no mayor a 48 horas.