En medio de una creciente crisis ambiental, el Gobierno y el Congreso del Estado impulsan reformas que podrían elevar las penas para quienes provoquen incendios.
Y es que durante el primer trimestre del 2025, Nuevo León ha registrado 16 incendios forestales que han afectado 121 hectáreas, además de un registro de más de 2 mil 450 siniestros en lotes baldíos.
La ley actual establece sanciones de entre uno y nueve años de prisión, pero el gobernador Samuel García ha señalado que estas son insuficientes, ya que los responsables pueden quedar en libertad debido a que la pena promedio es inferior a cinco años.
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Por ello, propuso penas más severas, dado que estas acciones representan una amenaza para el medio ambiente y la salud pública.
La propuesta en discusión sugiere extender este rango de cinco a 10 años, o de cinco a 15 años, además de endurecer las multas para evitar que los responsables puedan obtener la libertad bajo fianza.
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Las autoridades estatales han destacado la importancia de colaborar con las autoridades de Coahuila para abordar de manera integral los incidentes en la zona limítrofe entre ambos estados.
Esto, a pesar de que ya se encuentra en vigor una veda publicada en el Periódico Oficial que prohíbe encender fogatas o realizar carnes asadas en áreas naturales.
Por otra parte, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez Rivera, presentó una propuesta en el Congreso Local para incorporar estas modificaciones al Código Penal Estatal y al Código Penal Federal.
Su propuesta, además de incluir la prisión sin derecho a fianza, plantea aumentar las multas de 30 mil a 140 mil pesos, mediante la aplicación de 500 cuotas, lo que refleja la gravedad del daño ambiental.
Con estas medidas, el Gobierno de Nuevo León busca enviar un mensaje claro a la ciudadanía, endureciendo las consecuencias para quienes, de manera premeditada o negligente, contribuyan a la crisis ambiental a través de la provocación de incendios.