Tras el llamado del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, para buscar consensos en la aprobación del presupuesto 2025, los grupos parlamentarios del PRI y Movimiento Ciudadano se pronunciaron a favor de un paquete fiscal que garantice beneficios para los ciudadanos.
Heriberto Treviño Cantú, coordinador del Grupo Legislativo del PRI, señaló que su bancada está dispuesta a analizar una nueva propuesta del Paquete Fiscal 2025. Sin embargo, advirtió que su aprobación dependerá de compromisos claros que garanticen beneficios para el estado y su población.
“En estos días previos se ha manejado la posibilidad de iniciar un nuevo proceso para que Nuevo León tenga un presupuesto formal en este 2025, a pesar de que ya estamos en febrero”, apuntó el líder priista.
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Treviño Cantú enfatizó que es fundamental incluir apoyo a los municipios en el paquete hacendario, sin distinción de partidos políticos, además de garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de los organismos autónomos.
“Desde ahora es necesario dejar claro que en el PRI mantenemos la postura firme de apoyar a los municipios y a los organismos autónomos como corresponde. Queremos ver compromisos concretos del estado y garantía de que los cumpla”, manifestó.
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El legislador señaló que, debido a experiencias previas, es fundamental que estos compromisos queden establecidos en la ley y no se presten a interpretaciones o condicionamientos en la distribución de recursos.
“En el PRI asumimos nuestra responsabilidad para fortalecer a Nuevo León ante el difícil panorama económico nacional e internacional, pero no dudaremos en mantener nuestras posturas críticas ante las malas decisiones que afecten a nuestra gente”, afirmó.
Movimiento Ciudadano apuesta por el consenso
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Flores Serna, adelantó que su bancada buscará un consenso para aprobar un presupuesto que beneficie a toda la entidad.
En un comunicado de prensa, Flores Serna destacó la importancia de avalar un paquete fiscal que respalde los proyectos del Gobierno del Estado, pero que también garantice recursos para los alcaldes y otras instituciones.