El Diputado José Luis Garza Garza, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, llamó a los 51 municipios de Nuevo León a redoblar esfuerzos para combatir la corrupción dentro de sus corporaciones de Tránsito, al advertir que las prácticas irregulares no son casos aislados, sino un problema persistente que afecta la movilidad, genera pérdidas económicas y deteriora la confianza ciudadana en las autoridades.
Durante la sesión del Pleno del Congreso, el legislador presentó un exhorto para que los ayuntamientos fortalezcan sus mecanismos de control, supervisión y denuncia, con el objetivo de inhibir actos de extorsión y abusos por parte de agentes viales.
“No podemos normalizar la extorsión”: Garza Garza
Garza Garza subrayó que existen casos documentados en los que transportistas han sido obligados a pagar ‘mordidas’ de hasta 20 mil pesos, aun sin haber cometido infracción alguna. El sector productivo —añadió— también ha reportado afectaciones económicas derivadas de estas prácticas.
Te podría interesar
La gravedad de la situación, dijo, se refleja en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025), que ubica a la policía de Tránsito como una de las instituciones con mayor percepción de corrupción en el estado, con 61.3% de desconfianza ciudadana.
“Este problema es estructural y transversal; afecta a múltiples municipios y representa una amenaza directa para la movilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de Nuevo León. No podemos permitir que la extorsión se normalice y siga dañando a ciudadanos, empresas y transportistas”, sostuvo.
El exhorto presentado solicita a todos los municipios del estado:
- Reforzar los mecanismos de control y supervisión dentro de las corporaciones de Tránsito.
- Implementar sistemas de denuncia eficaces y accesibles, con canales confiables para reportar actos irregulares.
- Capacitar a los agentes viales en profesionalismo, legalidad y atención ciudadana.
El diputado enfatizó que frenar la corrupción en las corporaciones de tránsito es indispensable para garantizar una movilidad segura, un entorno de certidumbre jurídica y un clima de confianza para el desarrollo económico del estado.