Ante la necesidad de consolidar un marco jurídico sólido y eficaz que permita mejorar la actuación de la recién creada Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.
Aunque la Fiscalía Ambiental ya se encuentra operando, Treviño destacó que se requieren herramientas jurídicas claras para que la institución pueda actuar de manera oportuna ante situaciones críticas, especialmente cuando estén en riesgo áreas naturales protegidas.
“Con esta iniciativa avanzamos hacia un modelo moderno de gobernanza ambiental que prioriza la protección de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad de nuestro estado, incluyendo la posibilidad de detener obras en proceso”, señaló.
Reformas incluyen nuevas facultades para suspender obras en riesgo ambiental
La propuesta contempla modificar el artículo 231, agregar un artículo 231 bis y crear un nuevo capítulo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia para establecer de manera formal la estructura, procedimientos y atribuciones de la Fiscalía Ambiental.
Entre las nuevas facultades planteadas, se incluye la posibilidad de que la institución intervenga de manera inmediata en casos de riesgo inminente dentro de áreas protegidas, permitiendo la suspensión de obras, construcciones o actividades que puedan representar un peligro para los ecosistemas.
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Treviño destacó que esta capacidad de reacción rápida evitaría daños irreversibles y fomentaría la participación ciudadana a través de denuncias y reportes técnicos que activen la intervención preventiva de la autoridad.
Asimismo, sostuvo que una regulación clara fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas, al obligar a la Fiscalía a documentar y justificar cada una de sus actuaciones.
