El Senado de la República aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una norma que busca unificar criterios, fortalecer la investigación y reforzar la coordinación nacional contra uno de los delitos más frecuentes en el país.
Durante la sesión, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández González, fijó postura desde tribuna y afirmó que la legislación representa un avance para la protección ciudadana.
El legislador señaló que la extorsión se ha consolidado como una de las prácticas delictivas de mayor impacto social, al afectar directamente la actividad comercial, la seguridad de las familias y el desarrollo económico. Recordó que por años este delito creció sin control debido a la falta de coordinación institucional y a la fragmentación de las normas estatales, además del temor constante de las víctimas para denunciar.
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Uniformar penas y perseguir de oficio, entre los cambios principales
Fernández explicó que la nueva ley establece un tipo penal uniforme en todos los estados y eleva las penas para quienes cometan este delito.
Uno de los cambios centrales es que la extorsión será investigada y perseguida de oficio, lo que busca reducir la carga sobre las víctimas y facilitar la acción de las autoridades.
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También destacó el aumento de sanciones para servidores públicos que omitan denunciar actos de corrupción relacionados con estas prácticas.
Según el legislador, este punto busca cerrar espacios a cualquier forma de complicidad. “La complicidad, activa o pasiva, no tendrá espacio en las instituciones”, sostuvo.
La nueva legislación incorpora la denuncia anónima mediante el número 089 y plantea la creación del Centro Nacional de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, que operará como un mecanismo de coordinación entre federación, estados y municipios.
Relevancia para Nuevo León
El senador subrayó que la ley es especialmente significativa para entidades como Nuevo León, donde comerciantes, transportistas y empresas han denunciado presiones por cobro de piso, hostigamiento y extorsión telefónica.
Afirmó que el nuevo marco nacional brindará herramientas más claras para investigar, prevenir y atender este delito en la región.
Finalmente, Fernández reiteró su respaldo a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que la aprobación de la ley responde a una demanda social sostenida.