El hombre acusado de la muerte de un chofer de la ruta 220 en Monterrey verá aplazada su audiencia luego de que su defensa solicitara la ampliación del plazo constitucional.
El imputado identificado como Antonio “N”, de 45 años, enfrenta cargos por homicidio preterintencional tras una agresión registrada dentro de un autobús urbano de la ruta 220, número económico 140, el pasado 24 de octubre en la zona del Centro de Monterrey.
En ese incidente, el chofer identificado como Lino, de 54 años, sufrió un infarto agudo al miocardio y falleció, según dictamen del peritaje forense.
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Tras su detención por elementos de la Policía de Monterrey, el Ministerio Público especializado en homicidios imputó los hechos a Antonio “N”.
El juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva mientras se define su vinculación a proceso. Sin embargo, la defensa pidió la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia quedó programada para el próximo 31 de octubre.
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¿Qué significa la “ampliación del término constitucional”?
La ampliación del término constitucional se refiere al plazo extra otorgado por el juez o solicitado por la defensa para que se puedan recabar pruebas, presentar argumentos o desahogar diligencias antes de que se resuelva la vinculación a proceso de una persona imputada.
En el caso del proceso contra Antonio “N”, la defensa optó por esta ampliación para ganar más tiempo antes de que el juez determine si lo vincula o no a proceso.
Es una estrategia legal legítima que no implica la liberación inmediata del imputado, pues éste permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva.