El pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) determinó que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) quien tiene la atribución para analizar la constitucionalidad, legalidad y trascendencia de las consultas ciudadanas.
Esto en respuesta a un escrito presentado ante el Instituto por las ciudadanas Jessica Elodia Martínez Martínez, Nadia Lorena Garza Rodríguez y Jennifer Aguayo Rivas, quienes solicitaron detener una consulta popular que, según argumentan, busca restringir el derecho a recibir educación sexual, limitar derechos humanos y contraviene la Constitución federal y tratados internacionales.
En sesión extraordinaria del 29 de enero, el IEEPCNL aclaró que no tiene facultades para resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de las consultas populares. Sus atribuciones se limitan a verificar el cumplimiento del requisito del 2 por ciento de firmas de apoyo ciudadano para su realización, así como su organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
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El órgano electoral informó que recibió dos avisos de intención para consultas populares, uno promovido por Gilberto de Jesús Lozano González y otro por Juan Carlos Leal Segovia. Los formatos para la recolección de firmas de apoyo fueron aprobados el 16 de diciembre de 2024 y el 13 de enero de 2024, respectivamente.
En caso de que ambas iniciativas cumplan con todos los requisitos y el Tribunal Superior de Justicia determine su viabilidad, las consultas ciudadanas se realizarán el primer domingo de agosto de 2026.