Alegando violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la movilidad y la falta de legalidad, integrantes del Partido VIDA presentaron dos Juicios Contenciosos Administrativos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León.
En el primero de los juicios se solicita la nulidad del acuerdo que establece incrementos tarifarios en el transporte público por considerarlo desproporcionado, carente de fundamentación y motivación, y violatorio del derecho humano a la movilidad y la accesibilidad.
Además, se demanda la exhibición de los estudios técnicos que justifiquen dicho aumento y se busca anular la sesión de la Junta de Gobierno por incumplimiento de formalidades para sesionar.
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Ambos juicios tienen como finalidad proteger los derechos de los ciudadanos neoloneses frente a medidas tarifarias que se consideran arbitrarias, discrecionales y lesivas para la población.
También se solicita que las autoridades demandadas presenten la documentación que respalde la legalidad del acuerdo, incluyendo estudios técnicos y financieros.
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Los anterior fue presentado por Jaime Ochoa Hernández, Presidente de VIDA; Patricio Eugenio Zambrano, ex candidato a la alcaldía de Monterrey; Nayra Nelly González, regidora del cabildo de Monterrey por VIDA y Secretaria General de VIDA; Daniel Villarreal Zambrano, regidor del cabildo de Monterrey, así como la demás comitiva de VIDA, quienes presentaron un documento en donde se busca la nulidad del acuerdo que incrementa las tarifas del Metro y rutas Transmetro en Nuevo León.
Proponen Comisión de Vigilancia para mejorar transporte urbano
La diputada de Movimiento Ciudadano, Rocío Montalvo Adame, propuso que se cree una Comisión de Vigilancia dentro del Instituto de Movilidad, a fin de evaluar el servicio que brindan las distintas rutas urbanas.
Montalvo Adame señaló que está solicitando al Gobierno del Estado que considere el impacto del aumento en la clase trabajadora.
Afirmó que este incremento afecta a los trabajadores y pidió evaluar el estado real de las unidades de transporte.
"¿Cuántas unidades tradicionales reales con revisión físico, mecánico, eléctrico y acta de inspección? ¿Cuántas realmente son las que tenemos en operación? ¿Cuáles son sus condiciones? (...) Teniendo este dictamen y esta evaluación, de ahí podríamos evaluar estos seis meses", expresó.
Esta medición dijo, se deberá de hacer en los próximos seis meses, también recordó que se cuenta con una iniciativa para crear las tarifas sociales.
Entrevistada sobre el tema, la Presidenta de la Comisión de Movilidad, Aile Tamez de la Paz, confió en que se pueda defender a los usuarios del transporte, después de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
"Totalmente porque pues la movilidad es un derecho, no es un privilegio, entonces todos los ciudadanos tenemos derecho a usar el transporte público y pues también más que nada porque esta situación se dio en casos de personas de la tercera edad, entonces súper más en contra de esto que sucedió", comentó.
Esta recomendación se realizó después de que la Alianza de Usuarios del Transporte y Servicios Financieros presentó una queja.