La coordinadora del Grupo Legislativo del PRD, Perla Villarreal Valdez, presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León con el fin de crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Con esta propuesta, se prevé que el Sistema Nacional DIF cuente con un plazo de 300 días hábiles para implementar el registro, mientras que los Congresos locales y los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados tendrán 120 días hábiles, a partir de la creación del registro, para armonizar sus leyes con la legislación federal.
En México, según un informe de la Red Nacional de Deudores Alimentarios, se estima que existen aproximadamente 35 millones de padres deudores alimenticios. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que solo tres de cada cuatro hijos de padres separados reciben pensión alimenticia.
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"Esta iniciativa a nivel nacional otorga al Poder Judicial acceso a la información necesaria para alimentar este registro, algo que actualmente no tenemos en el estado de Nuevo León. No es que sea un registro estatal, sino que se alimentará el registro nacional existente. Esto permitirá detener a personas que intentan mudarse de ciudad o salir del país.
"La ley establece que los deudores no podrán obtener licencias de conducir, pasaportes, ocupar cargos públicos, ni realizar compras de bienes inmuebles. Además, su nombre aparecerá en el Registro Civil al solicitar un acta de matrimonio", señaló Villarreal Valdez.
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En la iniciativa se estipula que el Poder Judicial inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera consecutiva o intermitente en tres ocasiones en un periodo de tres meses.
Además, la autoridad judicial podrá ordenar la inscripción y, previa valoración del caso y a solicitud de la parte interesada, decretar el embargo de bienes suficientes para cubrir la deuda alimentaria.
El abogado Enrique Ogaz destacó que la problemática de los deudores alimentarios afecta principalmente a madres de familia, pero sobre todo a los hijos.
"Este tipo de medidas ayudarán a evitar que los deudores sigan evadiendo sus responsabilidades. No podrán obtener licencias de conducir, ni pasaportes para viajar, mientras las madres y sus hijos sufren por la falta de apoyo.
"Es un tema de interés social, ya que los niños que crecen en estas situaciones muchas veces desarrollan resentimiento hacia la sociedad. Esta medida también aliviará la carga de los juzgados al facilitar la resolución de estos casos", concluyó Ogaz.