Para sancionar con hasta cuatro años de prisión a cualquier persona que cometa violencia vicaria, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil Federal y al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La legisladora emecista expuso que la violencia vicaria es más cruel al afectar a padres, madres y también a los hijos.
El objetivo es visibilizar que los más afectados por este tipo de violencia son las niñas, niños y adolescentes.
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Al hacer uso de la tribuna, comentó que la violencia vicaria se define como aquella que se ejerce sobre las hijas e hijos con la finalidad de dañar o lastimar entre los progenitores.
La propuesta presentada en tribuna es una reforma a diversos artículos del Código Civil Federal y una modificación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
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"Acto u omisión que, con objeto de causar daño a un integrante de la familia, se dirige contra las hijas, hijos, familiares o personas allegadas. Esto se manifiesta a través de conductas como, entre otras: amenazar con causar daño a las hijas e hijos; amenazar con ocultar, retener o sustraer a hijas e hijos fuera de su domicilio o lugar habitual de residencia; utilizar a hijas e hijos para obtener información sobre la persona agredida; promover, incitar o cometer actos de violencia física de hijas o hijos en contra de las personas agredidas", detalló Sandra Pámanes Ortiz.
También se busca sancionar la incitación o fomento de actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna o paterna, afectando el vínculo materno-filial.
Ocultar, retener o sustraer a hijas y/o hijos, así como a familiares o personas allegadas, también interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes, en contra de las personas agredidas para obtener la guarda y custodia, cuidados y atenciones o la pérdida de la patria potestad de las hijas y/o hijos en común.
Además de condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las personas agredidas y a sus hijas e hijos, y cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de la persona agredida.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicados en 2022, los municipios de Nuevo León con mayor número de denuncias por violencia familiar son Monterrey, con 3 mil 396 casos; García, con 2 mil 052; y Apodaca, con mil 928.
Otros municipios con denuncias importantes son Guadalupe, con mil 817; Escobedo, con mil 814; y Santa Catarina, con mil 074. Así mismo, se registraron casos en San Nicolás, con 939, y San Pedro, con 389.
La propuesta presentada por Sandra Pámanes fue suscrita por integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano y de los grupos legislativos del PT y del PRI.
"Y que sea ejercida ya sea por el padre o la madre, sin distinción de género, porque lo más importante en estos casos es velar y proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Así que el Grupo Legislativo del PRI suscribe porque, efectivamente, diputada Sandra, el tema de no tomar en cuenta el género para este tipo de violencia es algo que debemos poner sobre la mesa, porque finalmente hay que proteger a los niños, niñas y adolescentes", declaró Javier Caballero Gaona.
La propuesta de Pámanes Ortiz fue turnada a la Comisión de Legislación para su estudio y análisis.