La magistrada del Tribunal Electoral de Nuevo León, Claudia Patricia de la Garza, ha denunciado públicamente una supuesta persecución hacia su persona y la de su compañero, el magistrado Fernando Galindo.
Según su relato, agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron de manera inusual al Tribunal Electoral luego de que ella notificara al Congreso del incumplimiento de una sentencia que ordenaba la recomposición de la Mesa Directiva del Legislativo local.
El conflicto se originó después de que el Tribunal Electoral determinara que la presidencia de la Mesa Directiva debía estar ocupada por una diputación de la primera minoría, es decir, Movimiento Ciudadano, en lugar de continuar en manos del PRI, presidido por Lorena de la Garza.
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El fallo fue considerado una victoria para el partido naranja, que había denunciado la violación de sus derechos políticos, argumentando que les correspondía encabezar dicha Mesa debido a los resultados electorales del pasado 2 de junio.
Denuncia de intimidación y temor por seguridad
El pasado viernes, la magistrada De la Garza publicó en sus redes sociales que, tras la notificación al Congreso, al menos 15 agentes ministeriales acudieron a las oficinas del Tribunal Electoral alrededor de las 16:00 horas.
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De acuerdo con su denuncia, los ministeriales no solo habrían llegado al Tribunal, sino que también cuatro de ellos visitaron un domicilio que ella había habitado en el pasado, preguntando por su paradero.
"Mi seguridad, la de mi compañero Magistrado y nuestras familias corren riesgo. Hago un llamado a las autoridades competentes para que nos dejen hacer nuestro trabajo y hagan el suyo apegado a la legalidad, fuera de intimidaciones políticas", escribió la magistrada en su cuenta de Facebook.
De la Garza relató que ella y Galindo permanecieron en las oficinas del Tribunal hasta altas horas de la noche debido a que no se sentían seguros para abandonar el recinto.
Ante esto, fuentes cercanas al caso adelantaron que los magistrados estarían solicitando medidas de protección para salvaguardar su integridad física y la de sus familias.
Fiscalía niega persecución
En respuesta a las acusaciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción emitió un comunicado aclarando que la presencia de los ministeriales en el Tribunal Electoral fue parte de una diligencia relacionada con una indagatoria en curso.
Según la Fiscalía, la denuncia que motivó la visita está vinculada a una supuesta omisión por parte de los magistrados en el cumplimiento de una orden judicial emitida por el Poder Judicial del Estado. No obstante, no se proporcionaron detalles sobre quién presentó la denuncia ni sobre qué orden judicial específica fue ignorada.
La Fiscalía subrayó que los agentes ministeriales acudieron al Tribunal con el propósito de entregar oficios de requerimiento de información y realizar entrevistas al personal involucrado en los hechos bajo investigación. Además, recalcaron que no hubo uso de la fuerza en ningún momento y que las autoridades del Tribunal negaron el acceso a los ministeriales, por lo que las diligencias no pudieron llevarse a cabo.
"Es importante precisar que las diligencias practicadas en ningún momento involucraron o podrían haber involucrado el uso de la fuerza", indicó la Fiscalía en su comunicado, rechazando categóricamente las acusaciones de persecución política hechas por la magistrada.
El enfrentamiento entre los magistrados del Tribunal Electoral y el Congreso local continúa escalando. Previamente, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Lorena de la Garza, había interpuesto una controversia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.
Dicho recurso buscaba suspender la resolución del Tribunal Electoral que ordenaba su destitución, alegando que la recomposición de la Mesa debía detenerse hasta que se resolviera la controversia en su totalidad.
Por otro lado, el Tribunal Electoral, tras analizar el caso, consideró que el PRI, partido de Lorena de la Garza, no tenía el derecho de presidir la Mesa Directiva debido a que el Movimiento Ciudadano era la primera minoría según los votos de las elecciones. La decisión del Tribunal fue notificada al Congreso el mismo día en que ocurrieron las visitas de los ministeriales.
El desarrollo de este conflicto ha creado una atmósfera de tensión política en el estado, con ambas partes defendiendo sus posturas. Los magistrados Claudia Patricia de la Garza y Fernando Galindo solicitarán medidas de protección ante lo que consideran una campaña de intimidación, mientras que la Fiscalía asegura que sus acciones están alineadas con la legalidad y rechaza cualquier acusación de persecución o injerencia política.