Para que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en el servicio público, Sandra Pámanes, diputada de Movimiento Ciudadano, planteó reforzar en Nuevo León la Ley 3 de 3 de Violencia Contra las Mujeres.
La propuesta contempla adicionar el artículo 59 Bis a la Constitución Política de Nuevo León en el que se suspenden los derechos o prerrogativas a los ciudadanos que comentan los delitos mencionados.
Es decir, aquellas personas que ostenten un cargo serán removidas o no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
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Pámanes Ortiz recordó el caso del actual diputado federal electo del PAN, Pedro Garza, quien ejerció violencia política en razón de género en contra de la entonces candidata a Diputada Federal, Laura Paula López Sánchez.