Tras la solicitud del gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda para separar del cargo a los diputados locales, la legisladora del PRI, Lorena de la Garza Venecia dijo que con ello se busca frenar el proceso de la designación del Fiscal General de Justicia proceso que tiene "parado" desde hace casi dos años.
De la Garza Venecia confío en que la Suprema Corte de Justicia de Nuevo León emita las resoluciones apegadas a la ley.
"El gobernador es muy tóxico, es muy complicado llevar una relación sana entre poderes cuando en reiteradas ocasiones se quiere meter en el proceso legislativo y truncarnos el trabajo que nosotros como diputados estamos haciendo, él pues no acepta la voluntad de la gente de Nuevo León, la gente de Monterrey, ya lo vimos con la aplicación de la ley, con el que hacer legislativo, ahora con los resultados electorales, la idea de la Casa de Samuel García era querer hacer siempre todo a su manera, aunque su manera no sea la manera legal", declaró la diputada local.
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¿Qué demanda Samuel García?
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) separar del cargo y poner a disposición de un juez de distrito competente a diputados del Congreso local por desacato a una resolución judicial.
El mandatario estatal interpuso un incidente de inejecución de sentencia en el que señaló que los legisladores han sido omisos en cumplir con el fallo de la Segunda Sala, emitido el 14 de febrero de este año en la controversia constitucional 238/2022, en el que ordenó reponer el procedimiento de selección del Fiscal General de Justicia del estado.
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Previo a decidir sobre el recurso que interpuso García Sepúlveda, la Corte dio un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación, para que el Congreso estatal informe sobre la reposición del procedimiento de selección y la convocatoria para elegir al Fiscal General de Justicia y en caso de no hacerlo se le impondrá una multa.
La convocatoria para la designación del titular de la Fiscalía General de Justicia fue publicada en octubre de 2022, pero había sido objeto de impugnación por parte del gobernador Samuel García.
Sin embargo, durante la deliberación, la Segunda Sala determinó que el acuerdo de la Comisión Anticorrupción, que eliminaba el requisito de presentar la Carta de No Antecedentes Penales debido a la negativa del Estado de proporcionarlas, carecía de validez. En consecuencia, se declaró inválida la lista de cuatro candidatos aprobada por el Pleno para ocupar el cargo de Fiscal General.