El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó a los candidatos que presentó el Partido Encuentro Solidario Nuevo León para contender por Ayuntamientos
El aval fue para ocho candidatos entre ellos están Olivia Rangel Garza, quien busca llegar a la alcaldía de San Pedro Garza García, Olga Mayela González Cerros, a la alcaldía de Escobedo, además de Ignacio Alvarado Salas, a la alcaldía de Zuazua y
Guadalupe Armida López Guerrero, candidata a la alcaldía de Juárez.
También se acreditó a José Luis Leyva de la Cerda en Mina, Carlos Alberto Ruvalcaba Talamantes en Los Ramones, Ernesto Mario Pérez Ballesteros para San Nicolás de los Garza y Juan Lorenzo Rodríguez Cantú, para la alcaldía de Santa Catarina.
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"El partido político en comento cumplió en la postulación de las candidaturas con la reglas de paridad de género y los grupos en situación de vulnerabilidad relativos a la postulación de personas con discapacidad, personas indígenas, personas jóvenes y de la comunidad LGBTTIQ+. Por tal motivo, en el proyecto se propone aprobar el registro de las candidaturas presentadas por el partido Encuentro Solidario Nuevo León para la integración de diversos ayuntamientos del Estado. En tal virtud, se presenta a consideración de este Consejo General el proyecto de acuerdo y los anexos en los términos que he expuesto", relató Guadalupe Pérez Tellez.
Además se avaló la sustitución de dos candidatos de Movimiento Ciudadano, así María Guadalupe Guidi Kawas, irá por la Alcaldía de Linares; y de Guadalupe García Rodríguez, para la Segunda Regiduría Propietaria de García.
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Por lo que se aceptaron las renuncias de Jessica Guadalupe Kawas Guidi, y José Adalberto Castro Cardona, quienes respectivamente, tenían dichas candidaturas.
El representante del Partido Acción Nacional ante el órgano electoral, Daniel Galindo advirtió que el cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional del Tribunales Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se estaba aplicando de una manera efectiva debido a que se realiza una distinción en loa casos presentados.
"Advertimos muchos riesgos en este proyecto de dictamen. Es un proyecto peligroso y que incluso va innecesariamente más allá de lo que contempla la propia sentencia. Y la sentencia es muy clara en lo que se tenía que hacer respecto a una persona que impugnó. No había por qué crear otra distinción de tipos de legisladores. Esos insistimos donde la ley no distingue. El juzgador no tiene por qué hacerlo. Y en los hechos lo está haciendo este proyecto de dictamen. En los hechos, este proyecto de dictamen interpreta a la inversa un antecedente que ni siquiera venía ni en la sentencia, que ni siquiera mandata eso la sentencia", sentenció Galindo.