En un paso clave hacia la justicia financiera, un Tribunal Colegiado de Apelación revocó la decisión inicial de un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Cadereyta, Nuevo León, y vinculó a proceso a Jesús “N”, Roberto “N”, Sergio “N”, José “N” y Luis “N”, quienes formaron parte del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa S.A.
Los imputados son acusados de incluir datos falsos en informes enviados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que constituye una violación al artículo 113, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito.
Según la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR), los exconsejeros omitieron reportar una operación entre partes relacionadas, consistente en una aportación de 4 mil 250 millones de pesos al fideicomiso Promobien.
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Esta irregularidad contradice las disposiciones legales que obligan a las instituciones financieras a reportar de manera transparente todas sus actividades. Al no cumplir con esta obligación, los exconsejeros afectaron gravemente los intereses de los ahorradores y vulneraron la confianza depositada en el sistema financiero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que esta acción reafirma el compromiso del Estado con la regulación bancaria y la protección del público. Además, señaló que casos como este refuerzan la rectoría del gobierno sobre el sistema bancario mexicano, garantizando que las instituciones operen bajo los estándares establecidos por la ley.
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El caso de Banco Ahorro Famsa, cuya licencia fue revocada en 2020 por la CNBV debido a diversas irregularidades, sigue generando impacto entre los afectados. La vinculación a proceso de los exconsejeros es un avance significativo para esclarecer responsabilidades y dar respuesta a los ahorradores que vieron comprometidos sus recursos.
Con este procedimiento, se espera que las autoridades continúen avanzando en las investigaciones relacionadas con la quiebra del banco y su impacto en el sistema financiero mexicano. La SHCP y la FGR reiteraron su compromiso de perseguir delitos que atenten contra la transparencia y confianza en las instituciones financieras del país.