Gerardo Palacios Pámanes, titular de Seguridad de Nuevo León, explicó que de no haber montado el operativo alrededor del Palacio de Gobierno el viernes pasado cuando el entonces gobernador interino, Luis Enrique Orozco, asumiría funciones; habría cometido un delito.
Esto porque Fuerza Civil tenía una orden emitida por un juez federal para impedir cualquier acto que evitara a Javier Navarro, secretario de gobierno estatal, realizar sus funciones como encargado de despacho del Gobernador, aseguró.
"Un juez de distrito es decir un juez federal, independientemente de donde resida, es juez de la Federación y giro una orden a Fuerza Civil para hacer, de no haberlo hecho Fuerza Civil hubiese incurrido en un delito previsto en la ley de amparo y que tiene una pena preventiva de libertad de 9 años", dijo el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes.
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Pamanes explicó que desobedecer esta orden implicaba una pena de privación de la libertad de hasta por nueve años.
Asimismo, el funcionario detalló que una vez que se dio a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenaba que el gobernador interino asumiera el cargo, fue la misma corporación de Fuerza Civil la que abrió las puertas del Palacio de Gobierno para que Orozco ingresara.
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"Fue precisamente la Suprema Corte la que dejo sin efectos la orden del juez, por eso Fuerza Civil abrió la puerta en punto de la media noche, Fuerza Civil abrió la puerta tan pronto como se enteró de la orden de un juez federal había quedado sin efecto", dijo Palacios Pámanes.