A través de un comunicado compartido por medio de la cuenta oficial de Twitter del Poder Judicial de Nuevo León, se dio a conocer que al menos dos personas han sido víctimas de amenazas e intimidación.
Se trata del magistrado Alberto Ortega Peza quien funge como Encargado de los asuntos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado y el licenciado Miguel Ángel Servando Pruneda González quien es Secretario General de Acuerdos de la presidencia y del pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Ellos dos han sido objeto de intimidación con el fin de influir en las decisiones jurídicas, esto de acuerdo a lo señalado en el comunicado emitido por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
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"A las y los ciudadanos de Nuevo León. Se hace de su superior conocimiento que en las recientes 48 horas, tanto el magistrado Alberto Ortega Peza, Encargado de los asuntos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, como el licenciado Miguel Ángel Servando Pruneda González, Secretario General de Justicia, han recibido constantes llamadas y mensajes con el objeto de intimidarlos e influir en sus decisiones jurídicas", se lee en el texto compartido.
El Poder Judicial de Nuevo León dio a conocer que los actos intimidatorios se refieren a procedimientos administrativos de sanción por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Subsecretaría de Administración Tributario de Nuevo León.
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"A pesar de que ninguna amenaza o advertencia de peligro puede afectar la acción de los jueves o del sistema de justicia, es trascendente dar a conocer que los actos intimidatorios refieren procedimientos administrativos de sanción por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León", se lee en el comunicado.
Debido a esto, el Poder Judicial de Nuevo León solicitó al gobernador interino, Luis Enrique Orozco que intervenga para que los órganos administrativos no sean usados como medios de control político o de obstrucción de la justicia.
"Todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado seguirán ejerciendo sus funciones con plena imparcialidad e independencia, pues la única consecuencia esperada y deseada es la paz y el progreso de Nuevo León", concluye el texto.