MONTERREY

Congreso local exige respeto a la legalidad del nombramiento del gobernador interino de Nuevo León

Los grupos parlamentarios del PRI y PAN señalaron que el gobierno del Estado debe acatar las resoluciones de la SCJN y del TEPJF.

Créditos: Judith Medrano
Escrito en NUEVO LEÓN el

El Congreso local exigió que el Gobierno de Nuevo León respete los principios de legalidad en el nombramiento del gobernador interino

Mediante un comunicado compartido con medios de comunicación, los grupos parlamentarios del PAN y del PRI del Congreso de Nuevo León solicitaron que el Gobierno del Estado acate las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tanto la SCJN y el TEPJF han resuelto que la atribución del nombramiento del Gobernador interino corresponde exclusivamente al Congreso de Nuevo León.

El Congreso local señala que el gobierno estatal busca confundir el proceso.

"La interpretación manipulada y engañosa que pretende hacer el gobierno estatal sobre un mandato legal solo tiene el objetivo de confundir y polarizar a nuestra sociedad", se lee en el documento. 

Además en el texto, se acusó que el Gobierno del Estado utiliza el presupuesto para presionar a los municipios, para obtener beneficios a su favor.

"Por otro lado, es de primordial relevancia dar a conocer que el gobierno estatal ha utilizado el presupuesto para presionar a los municipios. En la Ley de Egresos de 2023 se aprobó un fondo de 2 mil 500 millones de pesos destinados a proyectos municipales prioritarios  en materia de seguridad, infraestructura y movilidad que continúa sin ser liberado y que el gobierno del NL pretende utilizar como medio de presión y moneda de cambio para imponer a un gobernador interino", se lee en el texto.  

Por último, el Congreso local exigió que se dejen de utilizar las autoridades estatales en contra de quienes no 'apoyan' al Gobierno del Estado. 

"Una vez más exigimos el cese definitivo al uso político de las autoridades estatales en contra de quienes no se someten a la voluntad del gobierno estatal, es inadmisible en toda sociedad democrática el amenazar y amedrentar a fuerzas políticas de oposición", se lee en el documento compartido con medios de comunicación.