El Gobierno de Nuevo León dio a conocer a través de un comunicado que el secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco se queda como el encargado del despacho del gobernador del Estado Samuel García Sepúlveda.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que se suspendió el nombramiento de José Arturo Salinas como el gobernador interino, esto luego de ser elegido por el Congreso de Nuevo León.
José Arturo Salinas fue considerado como inelegible porque tiene una suspensión definitiva vigente.
Te podría interesar
Ante esto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda ordenó publicar en el Periódico Oficial del Estado órdenes estrictas para el Poder Ejecutivo.
La justificación dada por el Gobierno de Nuevo León para asegurar que Javier Navarro Velasco se queda a la cabeza del gabinete es porque se tratan de controversias diferentes.
Te podría interesar
"De acuerdo a las controversias presentadas, son diferentes medios de defensa, y la que corresponde a la Corte es una controversia por invasión de esferas entre el ejecutivo y el Legislativo, y nada tiene que ver con la suspensión del Juez de distrito, pues son cosas diferentes", se lee en el comunicado compartido por el Gobierno de Nuevo León.
"El amparo del Juez de distrito es un amparo que presentó Javier Navarro por violación a sus derechos adquiridos y ese Juez ya dictó la suspensión definitiva que establece que Navarro se queda como encargado del despacho hasta en tanto la Suprema Corte o el Tribunal Electoral resuelvan en definitiva, por cual ésta estaría vigente".
Además en el escrito se lee que lo que ayer resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estudia, ni se mete ni unifica la definitiva es un acto entre poderes, y es distinto, pues la misma Ley de amparo vigente señala que esa suspensión no vincula a ningún juez ni colegiado.
De acuerdo al comunicado compartido por el Gobierno de Nuevo León, se señala que la única manera para que eso pase es que el asunto vaya al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ocho de los diez ministros declaren inconstitucional el acto. Algo que podría tardar uno o dos años.