Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, y Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), emitieron una conferencia de prensa para informar sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 10 funcionarios más de la entidad, luego de haber sido acusados formalmente por Estados Unidos, de narcotráfico.
La FGR rechazó ejecutar la petición de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, para arrestar a 10 ciudadanos de Sinaloa. Raúl Jiménez informó recientemente que no existen pruebas sólidas que justifiquen la urgencia de esta medida.
¿Por qué la FGR frenó la detención provisional de Rubén Rocha y otros políticos?
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, aclaró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) turnó a su dependencia una solicitud procedente de la fiscalía de Nueva York. El objetivo del documento era concretar el arresto de 10 ciudadanos mexicanos con miras a un proceso de extradición. Sin embargo, la institución concluyó en su análisis que "no hay ninguna evidencia, motivo o fundamento legal que nos permita apreciar" la urgencia de tal acción.
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El funcionario detalló que esta petición no constituye un trámite de extradición formal, sino que representa únicamente el otorgamiento de una medida cautelar. Debido a que esta acción constituye una restricción directa a los derechos humanos, la captura preliminar solo puede otorgarse si existen elementos encuadrables y pruebas sólidas. La esencia de este recurso jurídico es evitar que las personas reclamadas evadan la justicia, un riesgo que tiene que acreditarse lógicamente y jurídicamente más allá de la urgencia.
Faltan pruebas en la solicitud de extradición de Nueva York
Al no existir pruebas anexas al pedimento que comprueben la comisión de un presunto delito, resulta imposible hacer impostergable el otorgamiento de la medida cautelar. Aunado a esto, la dependencia advirtió que la difusión pública de esta información pone en riesgo el debido proceso legal. Frente a la situación, las autoridades reiteraron la premisa de que nadie se encuentra por encima de la ley, reafirmando el compromiso institucional de proteger a las y los mexicanos sin ningún tipo de distinción.
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¿Qué exige México a Estados Unidos para avalar las capturas?
Para darle seguimiento al caso, la FGR enviará una comunicación oficial a la cancillería mexicana para solicitar a la autoridad extranjera correspondiente todos los argumentos y pruebas necesarios. Este intercambio probatorio deberá ejecutarse mediante vías diplomáticas que garanticen la confidencialidad, permitiendo así fijar un posicionamiento institucional definitivo.
Una vez que las autoridades de Estados Unidos aporten las evidencias requeridas, la FGR realizará un segundo análisis. De este estudio derivará la conclusión final sobre si la petición encuadra en los elementos formales que exige el artículo 11 del tratado bilateral de extradición. De manera independiente, el gobierno mexicano reiteró que lleva a cabo investigaciones propias sobre los posibles hechos referidos que ocurrieron en territorio nacional, actuando siempre bajo el paradigma del estado constitucional y democrático de derecho.