La violencia en Edomex ha alcanzado niveles críticos donde las víctimas no solo enfrentan la brutalidad de los ataques, sino también una profunda injusticia en los tribunales. Celia González, una madre que fue testigo del asesinato de su hijo Daniel García y su nuera Daniela Reyes, vive hoy una pesadilla tras la liberación del presunto sicario.
Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2023 en Santa María Tulpetlac, Ecatepec, cuando un sujeto a bordo de una camioneta Raptor blanca abrió fuego contra la familia en su propio negocio. A pesar de los testimonios directos y la evidencia en video, el responsable fue dejado en libertad por un juez local el pasado 12 de septiembre de 2025.
Un ataque directo y planeado
Según el testimonio compartido en el podcast de Pepe&Chema, el agresor, identificado como Luis Felipe Balderas Buenrostro, ya había amenazado de muerte a Daniel meses atrás tras un altercado menor. El día del ataque, el victimario regresó armado y rafagueó el local comercial. Daniela murió en el lugar, mientras que Daniel falleció poco después en el baño del establecimiento tras intentar resguardarse. Un tercer hermano, Iván, sobrevivió al ataque, pero quedó con secuelas físicas graves tras recibir múltiples impactos de bala.
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Corrupción y protección oficial
La indignación crece al revelarse que el agresor presuntamente formaba parte de un grupo de choque conocido como "La Chokiza". Durante el proceso, se denunció que el sujeto se hacía pasar por policía de investigación o "izquierdo" de la fiscalía, utilizando gafetes y armas oficiales para amedrentar a la población. Incluso, tras su detención, miembros de dicho grupo delictivo ejercieron presión violenta en las instalaciones de la fiscalía para exigir su liberación.
La polémica decisión del juez
A pesar de que los testigos identificaron plenamente al agresor y que existían fotos de las armas en sus redes sociales que coincidían con el calibre utilizado, el juez Eduardo Mauricio Sánchez Espinoza justificó su libertad con argumentos considerados absurdos por la familia. El juzgador se basó en geolocalizaciones telefónicas dudosas y una supuesta llamada de extorsión que la defensa utilizó para invalidar el proceso. Esta resolución ha dejado a dos niños huérfanos sin acceso a la justicia y a una familia desplazada por el miedo a represalias.
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Este caso se suma a la larga lista de impunidad que alimenta la percepción de inseguridad y la violencia en Edomex. La familia ahora busca una apelación, confiando en que instancias superiores revisen las irregularidades de un proceso que parece haber sido comprado por el poder económico y criminal de los agresores.