La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sumó una nueva acusación formal contra uno de los generadores de violencia más buscados de la entidad. Este miércoles, se cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra César “N”, alias “El Bótox”, señalado como el probable responsable del homicidio calificado de Bernardo Bravo, reconocido líder de los productores de limón en la región.
El crimen que se le imputa ocurrió el pasado 19 de octubre de 2025, un hecho que marcó un punto crítico en la crisis de seguridad que enfrentan los agricultores de Tierra Caliente.
Notificación en "El Altiplano"
La diligencia judicial no requirió un operativo de captura en las calles, dado que el imputado ya se encuentra tras las rejas. Elementos de la FGE, en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), notificaron el mandato al interior del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, donde "El Bótox" fue ingresado recientemente.
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"Las indagatorias permitieron establecer la posible participación de César “N” en el homicidio del dirigente del sector limonero, hecho que forma parte de una serie de conductas delictivas que impactaron directamente a productores de la región", informó la Fiscalía en un comunicado.
Antecedentes: La caída del objetivo
Cabe recordar que la detención física de César “N” se logró apenas hace unos días, el pasado 22 de enero, durante un fuerte operativo interinstitucional en el municipio de Buenavista. En aquella acción participaron fuerzas de los tres órdenes de gobierno, desarticulando a quien se consideraba una pieza clave en la extorsión y violencia contra el sector agrícola.
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Con esta nueva orden de aprehensión, la Fiscalía busca garantizar que el homicidio de Bernardo Bravo no quede impune, integrando una carpeta de investigación robusta con datos de prueba que vinculan al detenido directamente con la ejecución del líder gremial.
La dependencia reiteró que actuará con firmeza para perseguir los delitos que atentan contra la actividad productiva del estado, un sector golpeado por el cobro de piso y las amenazas del crimen organizado.