La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Héctor 'El Güero' Palma Salazar por el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas, entre ellas, el abogado Federico Alejando Livas Veras y familiares de Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, hechos que se registraron hace 31 años.
Elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron el mandamiento judicial, en apoyo a la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano.
La orden de aprehensión fue librada por Cecilia Crockman Flores, encargada de despacho del juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, dentro de la causa penal 301/2023.
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Al respecto, José Gabriel Hernández Rodríguez, abogado de Héctor Palma, comentó que el mandamiento judicial tiene una serie de irregularidades como el hecho de que la firmó un juez de Hidalgo y la cumplimentó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
“Aquí vino un policía federal ministerial a cumplimentar, él no tiene por qué cumplimentar una orden dado que es un delito del fuero común, debió haber venido un juez o la Policía Investigadora de Guerrero o Hidalgo a cumplimentar la orden, es otra de las irregularidades constitucionales graves”.
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Durante una audiencia que se realizó este miércoles, Palma Salazar denunció que en 2020 intentaron extorsionarlo con 6 millones de dólares a cambio de no extender más su proceso penal para obtener su libertad.
“En tiempos de pandemia entraron, cuando nadie podía entrar al reclusorio, entraron a solicitarle una cantidad estratosférica de dinero a cambio de su libertad, sino daba ese dinero le iban a estar inventando delitos”.
Palma Salazar fue notificado del mandamiento de captura luego de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Jalisco ordenó su liberación, tras absolverlo del delito de delincuencia organizada.
La magistrada María Dolores Olarte Ruvalcaba confirmó la sentencia absolutoria, al calificar de infundados, inoperantes e inatendibles los agravios planteados por el agente del Ministerio Público Federal.