La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ya procedió penalmente en contra de Francisco Garduño Yañez, director del Instituto Nacional de Migración (INAMI), por los hechos registrados en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en los que perdieron la vida 40 personas.
La institución dio a conocer que también procedió en contra de otros servidores públicos del INAMI, entre ellos Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria.
A decir de la FGR, ambos funcionarios incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.
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Asimismo, se inició el proceso penal contra Salvador González Guerrero, comisionado del Instituto en Chihuahua, así como de otros servidores públicos identificados como Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
La FGR refirió que la investigación de los hechos contempla dos líneas paralelas de información; la primera, dentro del Instituto de Migración y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
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En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se registró en el centro migratorio de Tenosique, Tabasco, un caso semejante, que dejó como saldo una persona muerta y 14 lesionados, lo cual generó una recomendación de la CNDH, lo que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
En tanto, los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años señalan las faltas y omisiones que en el INAMI se siguen cometiendo y ponen de manifiesto un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y el INAMI, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión, además de que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus empleados, lo cual trató de hacer días después de los hechos denunciados.
La FGR puntualizó que toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos.