Un tribunal federal confirmó el amparo que se le otorgó a Antonio Tarek Abdalá Saad, excolaborador de Javier Duarte, y ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión que libró en su contra por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Veracruz.
Por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal determinaron que el juez de control debe emitir una nueva resolución en la que deberá fundar y motivar cuáles son los hechos que se le atribuyen al ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz.
Asimismo, el juez Gregorio Esteban Noriega deberá precisar qué datos de prueba permiten establecer la existencia de dichos ilícitos y por qué se actualiza la necesidad de cautela.
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En el 2020, la Fiscalía de Veracruz solicitó 25 órdenes de aprehensión, entre ellas, la de Tarek Abdalá y de accionistas de empresas fantasma, a través de las cuales se cree se desviaron millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.
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De acuerdo con la indagatoria, los delitos se cometieron cuando Karime Macías Tubilla, exesposa de Duarte de Ochoa, fue la presidenta del patronato del DIF en Veracruz, época en la que diversas empresas recibieron recursos de dicha institución.
Esteban Noriega mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera logró identificar a 26 empresas fachada, entre las cuales se encontraban las favorecidas ilícitamente por los hechos investigados, mismas que fueron beneficiadas con recursos provenientes del DIF, por un monto en conjunto de al menos 224 millones 25 mil 477 pesos durante el periodo comprendido del 27 de abril de 2012 al 29 de enero de 2016, y que dichas operaciones fueron coordinadas por al menos 93 personas, entre ellos Antonio Tarek y otros servidores públicos.