La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión a favor del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, la cual impide que sea separado de su cargo de manera inmediata, en espuesta al juicio político que actualmente avanza en el Congreso local.
El máximo tribunal del país determinó proteger al mandatario argumentando que, de permitir su remoción antes de un fallo definitivo, se provocaría un daño de difícil reparación. Los ministros explicaron que "el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable" y destacaron la necesidad de salvaguardar el desarrollo normal de la administración pública en el estado.
Tras darse a conocer la notificación oficial firmada por el actuario Juan José Morgan Lizárraga, Samuel García celebró la decisión a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, el gobernador compartió una imagen del documento señalando la admisión y suspensión de su caso frente a la Comisión Anticorrupción.
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¿De qué acusan a Samuel García en Nuevo León?
El origen de este conflicto político radica en una denuncia presentada por el partido Morena el pasado 8 de junio. A García Sepúlveda se le acusa de presuntamente triangular alrededor de 1,000 millones de pesos provenientes de recursos públicos hacia empresas vinculadas con su entorno familiar, específicamente a un despacho ligado a su padre. Días después, el 12 de junio, la Comisión Anticorrupción del Congreso aprobó dar inicio al juicio político con los votos del PRI, PAN y Morena.
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Sin embargo, el gobierno estatal ha mantenido una postura defensiva contundente. La administración de Nuevo León denunció que el expediente carece por completo de pruebas concluyentes, argumentando que los legisladores basaron el proceso de juicio político únicamente en recortes de notas periodísticas y en la identificación oficial de la persona denunciante.
¿Qué pasará con el juicio político contra el gobernador?
La resolución de la SCJN señala que la medida cautelar no paraliza el desarrollo del juicio político. La Corte dictaminó que "sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso", paralizando exclusivamente la ejecución de cualquier sanción que implique separarlo del cargo o inhabilitarlo hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Esta precisión legal fue destacada por Ricardo Tamez, asesor jurídico del Congreso de Nuevo León, quien ofreció una perspectiva distinta sobre el impacto del fallo. El especialista aclaró que esta suspensión federal difiere del amparo provisional que el gobernador había obtenido el 11 de julio. Tamez subrayó que, con esta nueva resolución, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia sí tienen la autorización para resolver el caso en definitiva, y que el Legislativo utilizará este dictamen de la SCJN para impugnar el amparo local previo.