El Gobierno Federal ha desplegado un esquema de seguridad sin precedentes para Grecia Quiroz García, alcaldesa independiente de Uruapan, al asignar un equipo de 60 escoltas pertenecientes a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Este dispositivo, revelado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tiene como objetivo garantizar la integridad física de la presidenta municipal ante el complejo escenario de violencia que persiste en la región.
¿Por qué la alcaldesa de Uruapan ha recibido protección?
El despliegue responde directamente a la crisis de seguridad derivada del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde y esposo de la actual edil. El ataque ocurrió el pasado 1 de noviembre, durante la celebración del tradicional festival de velas por la Noche de Muertos en la plaza principal de Uruapan.
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Según las autoridades estatales, los 60 elementos federales —quienes cuentan con capacitación especializada en custodia de funcionarios— realizan recorridos permanentes en el municipio, desempeñando funciones que, en la práctica, han comenzado a asemejarse a tareas de policía preventiva bajo el argumento de la protección personal.
Investigación por el asesinato de Carlos Manzo: ¿Qué ha pasado?
El atentado contra Carlos Manzo ha generado una compleja investigación por parte de la Fiscalía de Michoacán, la cual ha derivado en los siguientes puntos clave:
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- Detenciones: Hasta la fecha, suman 25 personas aprehendidas por su presunta relación con el crimen.
- Investigación a escoltas: Siete exguardias de seguridad de Manzo se encuentran bajo investigación por su falta de reacción al momento del ataque armado.
- Autoría intelectual: Las autoridades señalan a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado" o "El Contador", identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como uno de los autores intelectuales del homicidio.
¿Quién es el exjefe de escoltas de Carlos Manzo buscado por las autoridades?
Uno de los puntos críticos de la investigación es la fuga de José Manuel Jiménez Miranda, quien fungía como coronel del Ejército, jefe de escoltas y principal asesor de seguridad de Carlos Manzo.
Tras el ataque, Jiménez Miranda desapareció, lo que provocó que la Fiscalía de Michoacán emitiera una orden de aprehensión en su contra. Actualmente, existe una recompensa de 100 mil pesos para cualquier persona que aporte información veraz que facilite su captura.
La asignación de este robusto esquema de seguridad federal subraya la fragilidad del entorno político y social en Uruapan tras la ejecución de Carlos Manzo. Mientras la Fiscalía de Michoacán continúa con las diligencias para esclarecer el entramado criminal detrás del atentado, el despliegue de 60 elementos en torno a Grecia Quiroz plantea interrogantes sobre los límites entre la protección personal de los funcionarios y las necesidades de seguridad preventiva de la ciudadanía.