Es necesario tomar medidas para investigar, prevenir y actuar en los centros clandestinos de almacenamiento y distribución de combustibles para evitar tragedias como la ocurrida recientemente con la explosión de cuatro pipas con gas LP en Tepeaca, Puebla, planteó la integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Claudia Rivera.
La legisladora de origen poblano solicitó el respaldo de la Comisión Permanente del Congreso para exhortar a autoridades federales, estales y municipales, en materia de seguridad, prevención de riesgos y del sector energético, para reforzar acciones.
Que se incrementen la coordinación y las estrategias de prevención, detección y combate en materia de manejo ilícito de hidrocarburos, con el objetivo de garantizar la integridad y seguridad de la población, propuso.
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En un punto de acuerdo presentado ante el organismo parlamentario permanente, Rivera Vivanco pidió atender la problemática de manera más adecuada.
Reconoció que el robo de combustibles sigue siendo un desafío para el país que afecta a entidades petroleras como Puebla, Veracruz e Hidalgo.
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Expuso que en épocas anteriores, el robo de combustible a través de la “ordeña” de ductos de Petroleos Mexicano (Pemex), en menor escala, si bien era ilegal, se cometía a nivel local.
No obstante, actualmente están ampliamente involucrados los grupos del crimen organizado que tienen acceso a equipos especiales para robar los energéticos de manera masiva.
La morenista indicó que ante las graves implicaciones del ilícito, tanto económicas como técnicas, se comenzaron a emitir normas para prevenir y sancionar a los responsables, pero el problema alcanzó un punto crítico entre el 2010 y el 2018.
En el sexenio anterior se lanzó un plan conjunto de atención integral a las instalaciones estratégicas de Pemex y se aprobaron reformas para catalogar como delito merecedor de prisión preventiva el huachicoleo.
Sin embargo, el delito se sigue cometiendo y es por ello que se requiere redoblar acciones ante la proliferación de bodegas clandestinas, centros de almacenaje ilegales, acopio inseguro de los combustibles y la utilización de autotanques no regulados.
Dicha actividad, hizo énfasis, pone en especial peligro a las comunidades de entidades con actividad petrolera.