La Fiscalía General de la República (FGR) citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para presentarse ante una carpeta de investigación federal el próximo miércoles. La mandataria estatal ha cuestionado la legalidad del procedimiento y evalúa junto a su equipo jurídico los pasos a seguir.
¿Cuál es el estatus de la investigación federal?
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un citatorio formal para que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Pineda, comparezca en relación con una indagatoria federal en curso. El documento señala el próximo miércoles a las 10:00 horas como la fecha y hora para la presentación de la mandataria.
Tras recibir la notificación, Campos Pineda estuvo acompañada por miembros de su gabinete legal, entre ellos el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, y el consejero jurídico, José Carlos Rivera, además del abogado Roberto Gil Zuarth.
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¿Qué argumenta la defensa de la gobernadora?
El equipo legal y la propia mandataria han expresado una postura crítica respecto a la procedencia del citatorio. Los argumentos principales expuestos tras la recepción del documento incluyen:
- Fuero constitucional: La defensa sostiene que el marco legal vigente establece protecciones especiales para el cargo de gobernador, las cuales, aseguran, limitarían su comparecencia ante procedimientos penales.
- Impugnación de facultades: La administración estatal considera que la actuación de la FGR requiere una revisión exhaustiva sobre su fundamentación jurídica, calificándola de irregular.
- Análisis jurídico: La gobernadora señaló que, antes de tomar una decisión sobre la asistencia a la audiencia, realizarán un estudio técnico sobre la validez de los argumentos presentados por la fiscalía federal.
¿Qué señala la mandataria sobre el proceso?
Durante sus declaraciones, Maru Campos vinculó el citatorio con motivaciones de carácter político, contraponiendo esta acción con la situación de otros funcionarios públicos en el país.
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La mandataria reiteró que su gobierno se ha enfocado en labores de seguridad y atención a la ciudadanía, sosteniendo que esta acción institucional busca interferir con sus labores gubernamentales.
Asimismo, Maru Campos Pineda enfatizó que el estudio del requerimiento será riguroso para asegurar que cualquier acción tomada esté apegada a la ley y proteja la soberanía de su estado.