Este martes 24 de marzo, el panorama político de Baja California dio un giro definitivo. Tras una audiencia que inició el lunes y se prolongó por casi por un día, el Sistema de Justicia Acusatorio determinó que existen elementos suficientes y Jaime Bonilla es vinculado a proceso para que enfrente un juicio penal.
El exmandatario estatal es señalado por su presunta responsabilidad en delitos que atentan contra el patrimonio del estado, marcando un precedente en la rendición de cuentas de exfuncionarios de alto nivel en la región.
Foto: Cuartoscuro
El millonario fraude de la planta que nunca existió
La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.
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Debido a esto, el juez vinculó al ahora dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, procesándolo bajo la calidad de coautor con dolo.
Un perfil forjado entre la frontera y la controversia
Para entender la relevancia de que Jaime Bonilla es vinculado a proceso y esté hoy ante un juez, es necesario revisar su trayectoria, la cual ha estado marcada por una dualidad poco común. Nació en Tijuana en 1950 y desarrolló gran parte de su carrera empresarial y política en ambos lados de la frontera, llegando a poseer la nacionalidad estadounidense hasta el año 2012. Antes de ser gobernador, fue director del Distrito de Agua de Otay en Chula Vista, California, durante más de una década. En el ámbito mediático, consolidó su poder al fundar PSN Primer Sistema de Noticias, un consorcio que incluye radio, televisión y plataformas web.
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Su ascenso político en México fue meteórico; tras ser diputado y senador, ganó la gubernatura en 2019 con la coalición 'Juntos Haremos Historia'. Sin embargo, su mandato estuvo plagado de choques institucionales, destacando la llamada "Ley Bonilla", un intento por extender su mandato de dos a cinco años que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El legado de un dirigente bajo escrutinio
A sus 75 años, el empresario y político enfrenta este proceso tras haber pasado por diversas filas partidistas, desde el Partido Republicano en Estados Unidos, hasta Morena y finalmente el PT. No es la primera vez que se enfrenta a la justicia; en 2022, el PAN ya había presentado denuncias en su contra por la presunta retención de fondos federales destinados a ayuntamientos. Además, su nombre estuvo vinculado indirectamente a la tragedia de la periodista Lourdes Maldonado, quien mantenía un pleito laboral con su empresa mediática antes de ser asesinada, aunque los autores materiales fueron señalados como miembros del crimen organizado.
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Este martes, mientras se define la medida cautelar que se le impondrá, Jaime Bonilla es vinculado a proceso y se convierte en el epicentro de un debate sobre el uso de los recursos públicos en Baja California.