La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avanzó en la protección del derecho humano al agua al resolver un caso relacionado con comunidades de Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante la discusión del amparo en revisión 544/2025, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó la importancia de garantizar este recurso esencial como parte de las condiciones básicas para una vida digna.
El asunto analizado por el Máximo Tribunal se centra en la zona conocida como “Los Kilómetros”, donde habitantes han enfrentado dificultades estructurales para acceder al suministro de agua potable. La resolución de la Corte busca sentar criterios que obliguen a las autoridades a atender esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos.
El agua como derecho fundamental
Durante su intervención, la ministra Esquivel Mossa subrayó que el acceso al agua es un elemento indispensable para el desarrollo de las personas y no debe considerarse un tema menor dentro de las políticas públicas.
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Explicó que este recurso es esencial para la salud, el bienestar y la vida cotidiana de la población, por lo que su garantía debe formar parte de las responsabilidades prioritarias del Estado. En ese sentido, advirtió que las desigualdades en el acceso al agua reflejan problemas sociales que requieren soluciones integrales.
La ministra también señaló que garantizar este derecho implica ir más allá de la infraestructura. No se trata únicamente de instalar redes hidráulicas en zonas donde no existen, sino de reconocer que la dignidad humana no puede depender de la ubicación geográfica de las personas.
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Resolución con enfoque social y humanitario
Esquivel Mossa votó a favor del proyecto relacionado con el amparo en revisión 544/2025 y consideró que la decisión representa un avance relevante en la impartición de justicia.
De acuerdo con la ministra, el fallo no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también un impacto social significativo, al reconocer que el acceso al agua debe ser protegido como un derecho humano exigible.
En su posicionamiento, destacó que la resolución tiene un carácter legal, constitucional y humanitario, al responder a una demanda concreta de comunidades que han enfrentado limitaciones históricas para contar con servicios básicos.
Un precedente para otras comunidades del país
La decisión de la Suprema Corte podría tener repercusiones más allá del caso específico de Ciudad Juárez. Especialistas consideran que los criterios establecidos en esta resolución podrían convertirse en un precedente para otras regiones del país que padecen problemas similares.
Con este fallo, el tribunal reafirma que el derecho humano al agua es justiciable, lo que significa que las personas pueden acudir a los tribunales para exigir su cumplimiento cuando las autoridades no garantizan el acceso al recurso.
Asimismo, se establece la obligación de las instituciones públicas de adoptar medidas efectivas que permitan asegurar este servicio básico para las comunidades que aún carecen de él.
La resolución refuerza así el compromiso del Poder Judicial con la protección de los derechos fundamentales y abre nuevas posibilidades para que poblaciones vulnerables puedan exigir condiciones de vida más dignas.