Tras meses de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró establecer la presunta responsabilidad de César “N”, alias “El Bótox”, en el asesinato del dirigente limonero Bernardo Bravo, un crimen que impactó directamente al sector productivo de la región y encendió las alertas por la violencia contra agricultores.
Con apoyo de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las autoridades reunieron datos de prueba que permitieron a un Juez de Control otorgar una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en reclusión, debido a que el imputado se encuentra interno en el CEFERESO número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.
Indagatorias revelan un patrón de violencia en la región
Las investigaciones no se limitaron al ataque ocurrido en octubre de 2025. De acuerdo con la FGE, se analizaron diversos hechos delictivos que afectaron a productores de limón, lo que permitió contextualizar el homicidio de Bernardo Bravo dentro de una serie de agresiones dirigidas contra el sector.
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Testimonios, trabajos de inteligencia y labores de campo ayudaron a identificar la posible participación de “El Bótox” en estos actos, fortaleciendo la carpeta de investigación con elementos suficientes para proceder legalmente en su contra.
Cronología del caso de 'El Bótox', clave en el homicidio
El 19 de octubre de 2025; Bernardo Bravo fue asesinado, generando conmoción entre productores y autoridades. Semanas posteriores: La FGE inició investigaciones, recabó evidencias y abrió líneas relacionadas con violencia contra el sector limonero.
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Más tarde, el 22 de enero de 2026 César “N” fue detenido durante un operativo interinstitucional en el municipio de Buenavista. Hasta el día de hoy 28 de enero de 2026 se ejecutó la orden de aprehensión por homicidio calificado mientras permanece en prisión federal.
La detención de “El Bótox” fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, como parte de una estrategia para combatir crímenes que afectan la seguridad y la economía regional. La Fiscalía reiteró que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades