El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó 2026 con una agenda cargada y un panorama político complejo.
El organismo deberá tomar decisiones clave que definirán su rumbo institucional y su capacidad operativa de cara a 2027, año en el que podría realizarse el proceso electoral más grande y complicado en la historia del país.
Durante este año, el INE enfrentará ajustes normativos, una reforma electoral en discusión y presiones presupuestales, además, de cambios en su integración interna.
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Todo ello ocurre mientras se prepara para organizar elecciones legislativas federales, comicios locales, 17 gubernaturas, una eventual revocación de mandato y la segunda etapa de la elección judicial.
Así va la reforma electoral y autonomía presupuestal
El próximo 12 de enero, las consejerías entregarán su propuesta técnica de reforma electoral a la comisión legislativa encabezada por Pablo Gómez. Uno de los puntos más sensibles será la autonomía presupuestal del instituto, considerada esencial para garantizar elecciones imparciales y funcionales.
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La consejera Dania Ravel advirtió que sin recursos suficientes, la autonomía del INE se ve comprometida. La discusión legislativa definirá no solo nuevas reglas, sino también la capacidad real del organismo para enfrentar el proceso electoral que inicia formalmente en septiembre.
¿Cómo serán los ajustes internos?
A finales de enero vence el plazo para que las organizaciones interesadas en convertirse en partido político entreguen su documentación.
Entre las agrupaciones que avanzan se encuentran Somos México y Construyendo Sociedades de Paz.
En julio, el Consejo General determinará si obtienen registro y, de ser así, recibirán financiamiento público en agosto.
Además, entre marzo y abril concluirán su encargo tres consejerías, por lo que el Congreso deberá definir si el Consejo General mantiene nueve integrantes o se reduce a siete, así como si el instituto conserva su actual denominación.
¿Qué representa el voto por internet?
El INE también deberá organizar la elección local en Coahuila el 7 de junio, considerada un ensayo operativo.
Paralelamente, se discuten alternativas como el voto por internet, especialmente en el contexto de la elección judicial, lo que representa un reto tecnológico, legal y presupuestal adicional.
Las consejerías han advertido que la concurrencia de elecciones ordinarias, judiciales y ejercicios de democracia directa implicaría duplicar casillas, personal, materiales, elevando costos y complejidad.
Así, 2026 se perfila como un año decisivo para el INE, que deberá navegar entre reformas, limitaciones presupuestales y la preparación de un 2027 sin precedentes.