A dos semanas del asesinato de Fernandito, el niño de cinco años secuestrado y presuntamente asesinado en Los Reyes La Paz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que dos agentes del Ministerio Público fueron cesados por no dar seguimiento adecuado a la denuncia presentada por la madre del menor.
Omisión en la atención de la denuncia
El 3 de agosto, Marcelina Nohemí, madre de la víctima se presentó en el Centro de Justicia de La Paz para denunciar que había dejado a su hijo al cuidado de una persona que se negaba a devolvérselo. La denuncia fue recibida por un prestador de prácticas profesionales, quien remitió el caso al Agente del Ministerio Público en turno. Sin embargo, este último se negó a darle seguimiento, alegando que estaba por concluir su jornada laboral.
Al no recibir atención, la mujer regresó el lunes 4 de agosto al Centro de Justicia para la Mujer en La Paz para formalizar la denuncia. Horas después, elementos de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Municipal, acudieron al domicilio reportado y localizaron el cuerpo del menor, ya en estado de descomposición.
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En el lugar fueron detenidas tres personas en flagrancia: Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, quienes actualmente se encuentran vinculadas a proceso por los delitos de desaparición y secuestro que causa la muerte. La pena máxima que podrían enfrentar alcanza hasta 160 años de prisión.
Responsabilidades y sanciones a funcionarios
La FGJEM reconoció que las omisiones reflejan dilación institucional, falta de empatía y ausencia de vocación de servicio hacia la denunciante. Por ello, el agente que desatendió el caso fue cesado y enfrentará responsabilidades administrativas y penales.
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Además, una agente del área de Género fue removida de su cargo y está a disposición de las autoridades centrales para determinar posibles faltas. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción también inició una investigación interna por negación del servicio, que podría ampliarse a otros servidores públicos involucrados.
El caso de la muerte de Fernandito ha reavivado el debate sobre la atención de denuncias y la responsabilidad institucional en situaciones de riesgo, poniendo de manifiesto la urgencia de contar con protocolos más estrictos para la protección de menores en el Estado de México.