De acuerdo a una nota de la Jornada, a cuatro años de que se presentaran las primeras denuncias por abuso sexual contra Rosendo Sainz-Trápaga, el Poder Judicial de Guanajuato sigue obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas. A pesar de que el caso ha sido validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de que el imputado fue capturado en Europa, las autoridades judiciales estatales insisten en dejarlo en libertad.
¿Cuál es el caso de Rosendo Sainz-Trápaga?
El caso comenzó en agosto de 2021, cuando varias víctimas denunciaron a Rosendo Sainz-Trápaga por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual. Las pruebas —entrevistas, peritajes psicológicos y dictámenes médicos— fueron recabadas por autoridades competentes en la Ciudad de México. Sin embargo, el caso fue trasladado al estado de Guanajuato, donde comenzaron los obstáculos judiciales.
Para febrero de 2022, la Fiscalía de Guanajuato solicitó la orden de aprehensión. No obstante, el juez Juan Anselmo Monjaraz Mendoza desechó todas las pruebas, argumentando que habían sido obtenidas por autoridades “incompetentes”. Con base en esa decisión, Rosendo Sainz-Trápaga quedó en libertad.
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El proceso escaló hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. En enero de 2025, el máximo tribunal del país emitió una resolución contundente: validó las pruebas presentadas en Ciudad de México y ordenó a las autoridades judiciales de Guanajuato actuar conforme a los derechos de las víctimas menores de edad. La SCJN subrayó que, en casos de delitos sexuales contra menores, debe prevalecer el interés superior de la niñez.
¿Cómo fue detenido Rosendo Sainz-Trápaga?
Sin embargo, el acusado no compareció a la audiencia programada en marzo de 2025. Fue declarado prófugo y posteriormente detenido por INTERPOL en España. Desde entonces, Rosendo Sainz-Trápaga permanece en el penal de Soto del Real, en espera de que se reactive el proceso judicial en México.
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Pero lejos de garantizar justicia, el Poder Judicial de Guanajuato "parece decidido a proteger al acusado". En julio de 2025, el Primer Tribunal Colegiado del estado —integrado por los magistrados Roberto Hoyos Aponte, Luz Elva de la Torre Orozco y Enrique Zamora Camarena— anuló la vinculación a proceso. Esta insólita decisión se suma a los fallos previos del magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, titular de la Novena Sala Penal, y del juez Mauricio Rogelio Flores Saldaña, quienes también han favorecido la impunidad.
A cuatro años de que se alzaron las primeras voces contra Rosendo Sainz-Trápaga, las víctimas siguen esperando justicia.
