Como parte de los objetivos por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los 125 municipios del Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez firmó un convenio inédito de colaboración y coordinación en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Con esta acción, su administración refuerza la fiscalización y pone en cintura a los gobiernos municipales para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y evitar cualquier desvío.
Este convenio, alineado con el primer eje del Plan Estatal de Desarrollo, "Cero Corrupción, Gobierno del Pueblo y para el Pueblo, Estado de Derecho y Austeridad", establece bases estratégicas para fortalecer la fiscalización, promover sanciones administrativas y blindar los procesos electorales de la intervención gubernamental.
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Además, introduce mecanismos de control interno, evaluaciones de confianza y fomenta la contraloría social, involucrando a la ciudadanía en la supervisión del ejercicio de los recursos.
El acuerdo firmado se sustenta en cinco ejes fundamentales
Auditoría y control interno: Implementación de herramientas de fiscalización y automatización de procesos para un seguimiento riguroso del uso de los recursos municipales.
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- Sanciones administrativas y blindaje electoral: Aplicación estricta de la Ley de Responsabilidades Administrativas para evitar el uso indebido de recursos en procesos electorales.
- Prevención de la corrupción: Coordinación entre los sistemas nacionales y estatales anticorrupción para reforzar estrategias de prevención.
- Evaluación de confianza: Aplicación de pruebas de confianza a funcionarios municipales para asegurar que sean personas íntegras y comprometidas con la legalidad.
- Contraloría social: Creación de comités ciudadanos que supervisen la ejecución de los recursos y fomenten la participación activa de la población en la vigilancia de las administraciones municipales.
El convenio instruye a la Secretaría de la Contraloría estatal para brindar asesoría, capacitación y herramientas a los municipios en materia de auditorías, control interno, fiscalización, denuncias, responsabilidad administrativa y ética.
Además, establece que se realizarán evaluaciones periódicas para garantizar que cada municipio cumpla con los estándares de transparencia y rendición de cuentas.