La detención y agresión contra el periodista Jesús Aguilar mientras realizaba la cobertura de un homicidio en Tijuana generó una fuerte reacción de organismos de derechos humanos y del gremio periodístico en Baja California. Los hechos ocurrieron el martes 16 de diciembre en Plaza Sendero y quedaron documentados en video.
De acuerdo con el propio testimonio del comunicador, él se encontraba realizando su labor informativa desde una zona delimitada por el cordón de seguridad cuando fue interceptado por personal de seguridad privada del lugar, quienes le exigieron dejar de tomar fotografías.
¿Cómo ocurrió la agresión contra el periodista?
Jesús Aguilar relató que dos elementos de seguridad privada, un hombre y una mujer, se le acercaron para pedirle que se retirara del sitio y dejara de documentar la escena. Al negarse y señalar que se encontraba en un espacio de acceso público, la situación escaló rápidamente.
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Según su versión, los guardias lo sometieron, lo esposaron y posteriormente lo golpearon. Durante la agresión, aseguró haber recibido descargas eléctricas con un dispositivo tipo taser, además de sufrir lesiones en el rostro y daños en su equipo de trabajo, incluido el lente de su cámara.
El periodista afirmó que otros elementos de seguridad se sumaron al forcejeo y actuaron de manera violenta antes de que intervinieran policías que arribaron al lugar minutos después.
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Intervención de Derechos Humanos
Tras lo ocurrido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitió un llamado para que se investigue la detención ilegal y los presuntos actos de tortura denunciados por el comunicador. El organismo solicitó a la Fiscalía General del Estado abrir una carpeta de investigación y esclarecer responsabilidades.
Además, pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado realizar una inspección a la empresa de seguridad privada involucrada en los hechos, a fin de determinar si actuó conforme a la ley o incurrió en violaciones graves.
El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan periodistas durante la cobertura de hechos violentos y la necesidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la libertad de prensa en espacios públicos.