Dado que “no se han cumplido con los principios ambientales para garantizar el derecho a un medio ambiente sano”, comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, junto con agrupaciones civiles, obtuvieron judicialmente una suspensión definitiva para la construcción de los tramos 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen), 5 Sur (Playa del Carmen-Tulum) y 7 (Escárcega-Chetumal) del proyecto Tren Maya.
El fallo fue emitido por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de Mérida, Yucatán, como parte del amparo presentado en julio de 2020 contra las afectaciones ambientales ocasionadas por el Tren Maya.
El Tribunal manifestó que “la mera existencia de autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, no bastan para cumplir con los principios, prevención, precaución e ‘in dubio pro natura’ (ante la duda, a favor de la naturaleza)”, destacan —en un comunicado difundido por Greenpeace—, las agrupaciones SOS Cenotes, Territorios Diversos para la Vida y Kanan, Derechos Humanos.
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“Para los tramos 5 Norte y 5 Sur, el Tribunal determinó que, aunque la manifestación de impacto ambiental y su evaluación autorizada cumplen con una premisa básica del principio de precaución, es indispensable satisfacer los principios de prevención e ‘in dubio pro natura’. Por ello, se dispuso que la suspensión permanezca hasta que se realicen los estudios geológicos, geohidrológicos y geofísicos que la SEMARNAT ordenó como condicionantes 9 y 10 de la autorización de impacto ambiental del tramo 5 Sur y sus correlativos en el tramo 5 Norte. También se instruye que los resultados de dichos estudios se den a conocer y sean evaluados por la autoridad ambiental”, se destaca en el comunicado sobre las decisiones judiciales.
“En el caso del tramo 7, el Tribunal identificó que la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA), fue ‘emitida de manera condicionada’, exigiendo a las encargadas de las obras cumplir con más de 12 condicionantes antes de su inicio, entre ellas: el Estudio Técnico Económico, Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna Silvestre, y el Programa de Prevención, Mitigación y Manejo de Contingencias Ambientales y Conservación del Paisaje Kárstico. Sin embargo, hasta la fecha no existe evidencia de que estas condicionantes hayan sido solventadas”, se añade.
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“Por estas razones, el Tribunal se concedió la suspensión definitiva para que las autoridades responsables del proyecto acrediten ante el Juzgado el cumplimiento de todas las condicionantes establecidas en las MIA”, apuntan las comunidades y agrupaciones civiles.
“Asimismo, el Tribunal Colegiado concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se paralicen las obras del Tren Maya en el tramo 7, hasta que las autoridades encargadas del proyecto acrediten ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán que se han cumplido con todas las condiciones establecidas en la autorización siempre y cuando no se encuentre el tramo 7 en operación”, se acota.
Comunidades y agrupaciones civiles señalan que, “si bien la suspensión tenía el propósito de detener por completo las obras del tramo 7 del Tren Maya, su emisión resulta tardía. Esta demora es preocupante dado que el proyecto ya ha alcanzado una etapa avanzada de ejecución, lo cual genera serias dudas sobre la efectividad del juicio de amparo como un mecanismo de protección eficaz.Es preocupante que el Tribunal Colegiado siga priorizando factores como el crecimiento económico, el gasto público y el presupuesto, por encima de los riesgos para los ecosistemas y los recursos naturales como factor para determinar el alcance de la suspensión”, apuntan.
“Esta actitud refleja una visión reduccionista que subestima la importancia de la conservación ambiental y la protección de los bienes naturales que sustentan la vida. Tal enfoque contraviene lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha señalado que, en casos de colisión entre el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y otros intereses económicos o de desarrollo, deben adoptarse todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. No obstante, reconocemos como un avance importante que se haya considerado necesario ir a fondo y analizar las violaciones de derechos humanos en el juicio principal, que se encuentra pendiente y sin fecha determinada”, se recalca.
“También celebramos que se haya establecido que la simple existencia de autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo no es suficiente para cumplir con los principios ambientales ni para garantizar el derecho a un medio ambiente sano”, se resalta.
“Es fundamental hacer un llamado al Poder Judicial Federal, a través del Juzgado Primero en Mérida, para que analice a profundidad el fondo del asunto priorizando la protección del medio ambiente y comunidades afectadas. Es imperativo que determine las violaciones a los derechos humanos y asegure que los efectos de la sentencia estén a la altura de la magnitud de las afectaciones y los daños ambientales generados por este proyecto”, recalcan comunidades y organizaciones de la Península de Yucatán al afirmar que seguirán “defendiendo su derecho a un medio ambiente sano frente al el Tren Maya es un proyecto que atenta contra la naturaleza y nuestros derechos humanos”.