A 4 años del asesinato de 19 personas (migrantes, en su mayoría) el 22 de enero de 2021 entre los municipios de Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, en Tamaulipas, por policías estatales, las familias de las víctimas reclaman que no ha habido justicia en el caso; “aunque 12 policías están presos, nuestros seres queridos ya no volverán. Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para cumplir las promesas que se hicieron y que viva la libertad y la justicia en el caso de Camargo”, dijo Marco Antulio Pablo Pérez, padre de Anderson Marco Antulio, una de las víctimas mortales, se destaca en un comunicado la agrupación Fundación para la Justicia, asesora de las familias de las víctimas.
La Masacre de Camargo representa un hito en la lucha por la justicia para personas migrantes asesinadas en México, siendo el primer caso de este tipo en el que se logra una sentencia condenatoria de los autores materiales en menos de 5 años. Sigue en curso un proceso contra un presunto responsable más de la masacre, un policía del Grupo de Fuerza Inmediata de Reacción, antes GOPES; sin embargo, aún están pendientes detenciones de otros implicados por ejecutar y ampliar la investigación por cadena de mando y los motivos de la masacre siguen sin esclarecerse. Las familias continúan sin saber por qué sus seres queridos fueron perseguidos, torturados, asesinados y calcinados. “¿Por qué lo hicieron? los policías que debieron cuidar su recorrido por México”, reclamó un familiar en las audiencias, cuenta la agrupación humanitaria.
“La Fiscalía General de la República no ha mostrado avances significativos en la investigación a su cargo del delito de tráfico de personas. Cabe recordar que uno de los vehículos localizados en la escena del crimen había sido decomisado por el Instituto Nacional de Migración en diciembre del 2020 durante un operativo en el cual se había ‘rescatado’ a decenas de migrantes y detenido a presuntos traficantes. Dicho vehículo habría sido entregado posteriormente a una de las dos víctimas mexicanas de la masacre del 22 de enero, presunto traficante”, agrega la Fundación para la Justicia.
Si bien personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se desplazó a Guatemala para entrevistarse con familiares de las víctimas para integrar sus testimonios al expediente de queja. Aun así, la recomendación tardó más de tres años en ser emitida. En un primer momento, la oficina regional de la CNDH en Reynosa, Tamaulipas, pretendió enviar el caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin embargo, los asesores legales de las víctimas lograron la atracción del caso por parte de la Quinta Visitaduría de la CNDH, se añade en el comunicado.
De este modo, la CNDH ordena en la Recomendación por Violaciones Graves 168 VG/2024 de septiembre de 2024 que se realice la reparación integral del daño a las víctimas, incluyendo la compensación y la atención médica y psicológica continua, gratuita y especializada, considerando que la mayoría de las víctimas indirectas residen en Guatemala y El Salvador. No obstante, hasta ahora, la CNDH no ha informado a las víctimas sobre la aceptación o negativa de las recomendaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas (SSP), ni ha permitido el acceso al expediente a la Fundación para la Justicia, imponiendo requisitos burocráticos que no consideran la situación de vulnerabilidad de las familias.
La reparación integral del daño ordenada por la CNDH quedó a cargo de la Comisión Estatal de Víctimas de Tamaulipas, Comisión a la que exhortamos poner su mayor compromiso para que se logre la efectiva y pronta reparación integral a favor de las víctimas. Para ello, deberá asegurarse de que las diligencias necesarias se hagan en tiempo y forma y tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de cada núcleo familiar, finaliza la Fundación para la Justicia.