La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia que afecta al estado de Chiapas tras advertir que los esfuerzos del Estado mexicano para atender este problema no han sido suficientes para impedir que el crimen organizado siga tomando el control de más territorios.
Durante la audiencia pública sobre los derechos humanos y la situación de violencia en dicha entidad, Andrea Pochack, relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que se requieren políticas más enérgicas para atender este problema.
Reconoció la voluntad del Estado mexicano para aceptar que la situación es grave, y expresó su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones.
“Los esfuerzos no son suficientes, tomamos nota de las cifras, de las estadísticas que dan cuenta de que ha disminuido algunos índices de violencia, pero no, no son suficientes sobre todo con un estado como México con tantos recursos y con tantas políticas a favor de los derechos humanos, de un estado como México, de un gobierno como México, esperamos más”, afirmó.
Durante la audiencia, Teresa Baratta, integrante de una de las organizaciones civiles convocantes, dijo que la región fronteriza de Chiapas con Guatemala es escenario de una disputa por el territorio entre grupos rivales del crimen organizado.
Denunció que esta guerra provoca un control violento de la sociedad civil, restricciones a las actividades económicas, extorsiones, desaparición forzada y bloqueos carreteros.
“Según estimaciones de la sociedad civil entre 12 mil y 15 mil personas han sido desplazadas debido a la violencia armada, dejando varios pueblos abandonados en los que solo quedan adultos mayores y personas con movilidad reducida”, advirtió.
En tanto, Natanael Hernández, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, afirmó que las autoridades niegan o minimizan estos hechos, alegando que son pocas las denuncias.
“A pesar del despliegue militar y de la Guardia Nacional en la zona, no hay un enfoque de protección ciudadana, permitiendo la operación del crimen, incluso en presencia de las fuerzas armadas.
Por su parte, Roberto de León, consejero de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del Estado mexicano, destacó las acciones que lleva a cabo el gobierno federal para atender la problemática en Chiapas y a las comunidades indígenas.
Dijo que la conflictividad en la región tiene raíces históricas, la cual se está atendiendo.
Sostuvo que la política social ha dado resultados en Chiapas y que se han invertido casi 20 mil millones de pesos, especialmente para adultos mayores.
Resaltó que la disminución de la pobreza es de más de 10 por ciento en los últimos cinco años y que la entidad se ubica en el penúltimo lugar en incidencia delictiva en el país.